
Además, ha argumentado que no existen precedentes en España de un control integral a un Gobierno en funciones. La portavoz ha añadido que eso no quiere decir que el Ejecutivo no esté sometido a control de legalidad: “No ha habido una sola actuación del Consejo de Ministros en este tiempo que no haya venido avalada por los oportunos informes que nos permiten adoptarla”.
También, la vicepresidenta ha destacado que el Ejecutivo ha informado y ha pedido la aquiescencia de la Cámara antes de acudir al Consejo Europeo en el que se ha debatido sobre los refugiados. De hecho, ha apuntado, ha habido un acuerdo unánime en la Comisión Mixta para la UE “para ir por primera vez en la historia de España con un marco consensuado de actuación”.
Sáenz de Santamaría ha subrayado que el control al que se quiere someter al Ejecutivo se limita al mes de abril, que es precisamente el último para intentar formar Gobierno, ya que de no lograrse se disolverían las Cámaras el 2 de mayo. A su juicio, ese debería ser “el mes conciliador para buscar acuerdos” y no para causar un “conflicto institucional”.









