Quito, (Andes).- Hace 17 años, un 8 de marzo de 1999 los ecuatorianos amanecieron con los bancos cerrados. El gobierno de Jamil Mahuad había decretado un feriado bancario que días más tarde llevó a la confiscación de los ahorros que los ecuatorianos mantenían depositados en el sistema financiero nacional.
El feriado bancario, que inicialmente se dispuso por 24 horas para evitar el retiro masivo de depósitos, se extendió hasta el viernes 13 de marzo. Sin embargo, dos días antes, el 11 de marzo, el presidente Mahuad ya ordenó un congelamiento de los depósitos para el lapso de un año.
El régimen congeló 1.840 millones del sistema bancario privado; 681,1 millones de la banca offshore y alrededor de 145 millones de sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. En ese momento, el Estado intervino 33 entidades financieras.
Este escenario se configuró tras la quiebra de tres gigantes del mercado financiero: Filanbanco y Banco del Progreso y Previsora debido a malos manejos y a créditos vinculados a empresas de los mismos grupos. Miles de clientes reclamaban sus depósitos en medio de una agitación social nunca antes vista.
La intención siempre fue proteger a la banca privada a la cuál pertenecían o tenían vínculos muchos funcionarios del régimen de Mahuad y de su antecesor, Sixto Durán Ballén
Justamente eso se reveló la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por el actual Gobierno para determinar la legitimidad de la deuda externa ecuatoriana. “Históricamente, el Estado ecuatoriano ha acudido a “salvar” a la banca en momentos de crisis. No obstante las ingentes ganancias que ha reportado a los bancos la tenencia de valores del Estado, se declaran en quiebra, teniendo el Estado que asumir la responsabilidad con los acreedores”, señala el informe.
“El salvataje bancario fue el mecanismo utilizado a fines de 1998, para cuya implementación fue preciso cambiar el marco legal, emitir moneda sin ningún respaldo e inclusive violentar disposiciones constitucionales”, agrega.
Leyes a la medida de los banqueros
En efecto, la crisis financiera tiene su origen en 1994, cuando el 12 de mayo (suplemento del R. O: No 439, de 25-V-94), el entonces presidente Sixto Durán Ballén promulgó la Ley General del Sistema de Instituciones Financieras, cuyos principales ideólogos fueron Alberto Dahik, vicepresidente e impulsor de la política neoliberal; Ana Lucía Armijos, quien años después fue ministra de Finanzas de Mahuad; y Gustavo Ortega Trujillo Superintendente de Compañías de ese entonces, hermano del dueño del Banco Continental, según señala el portal Memoria de la Crisis Bancaria.
Esta ley concedía más libertades para los créditos vinculados y para obtener préstamos del Estado, a más del debilitamiento a los controles que antes llevaba la Superintendencia de Bancos y Seguros. Incluye la autorización para evadir controles directos con la banca “Of-shore”, lo que dio paso al denominado maquillaje contable, según demostró el mismo gobierno en las auditorías realizadas.
En 1995 se produjo el primer salvataje bancario con el Banco Continental. Tras el cierre del banco, en 1996, Ana Lucía Armijos es nombrada presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, el 30 de mayo de 1997 es sindicada por la Corte Suprema de Justicia por el caso del Banco Continental.
En ese escenario surge la Asamblea Constituyente del 97 que aprueba la nueva Constitución Política del Ecuador que incluya la disposición Transitoria Cuadragésima segunda que dice: “Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.
En julio de 1998, se promulga la “Ley del Fondo de Seguro de Depósitos” con la que se implantaba por primera vez en el Ecuador, un esquema de garantía de depósitos. Sin embargo, este seguro no entró en funcionamiento ya que requería capitalizarse una vez transcurridos dos años.
El 1 de diciembre de 1998, fecha coincidente con la crisis de Filanbanco, el Congreso Nacional publicó en el Registro Oficial No.78 la “Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario Financiera”, que deroga la Ley del Fondo de Seguro de Depósitos y se crea la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Esta Ley fue mocionada por los legisladores socialcristianos, con Jaime Nebot y Cinthya Viteri a la cabeza, y aprobada con el apoyo de los demócratas populares (la minoría de asambleístas abandonó la sesión). Se creó también, por iniciativa de Nebot, el impuesto del 1% a la Circulación de Capitales.
El nuevo seguro de la AGD contenía Garantía ilimitada de fondos, amparaba al Comercio Exterior, el asegurador (AGD) era una entidad estatal, obligaba a la provisión de fondos a través de deuda pública y emisión inorgánica.
La AGD emitió bonos del Estado AGD para el salvataje bancario “cuyos efectos implicaron duros impactos en la población ecuatoriana a la que se los trasladó, a través de la devaluación y la inflación”, señala el informe de la Comisión Auditora de la Deuda.
Tres meses después del salvataje al Filanbanco, el 9 de marzo de 1999 y un día después de declarar un feriado bancario, Mahuad decretó el Estado de Emergencia y estableció como zona de seguridad a todo el territorio nacional, disponiendo la movilización de todos los servicios públicos y las requisiciones que sean necesarias de conformidad con la Ley.
Dos días más tarde, el 11 de marzo, el gobierno declaró el estado de movilización (congelamiento) a las instituciones financieras nacionales y privadas, sus entidades “off shore”, a las sucursales y agencias de las instituciones financieras extranjeras que operan en el Ecuador, a las compañías administradoras de fondos, las de arrendamiento mercantil, fideicomisos mercantiles y las emisoras y administradoras de tarjetas de crédito; así como a las personas naturales o jurídicas que mantengan a la fecha deudas o créditos con ellas.
“Las criminales medidas económicas que adoptó el régimen de Mahuad, produjeron la salida de más de un millón de ecuatorianos al exterior, lo que trajo como lógica consecuencia, la destrucción del entorno familiar, por ende, el desamparo de mujeres y niños”, señaló Fernando Borja Gallegos en su artículo titulado “Entre la tristeza y el miedo”
Y agrega que la situación de los jubilados fue catastrófica. “El golpe que recibieron, en muchos casos, causó su muerte”.
Y es que meses después, en enero de 2000, Jamil Manuad decretó la dolarización de la economía como el instrumento que cierra el círculo del atentado a los fondos públicos y privados fijando el valor del sucre en 25.000 dólares.
Los rostros visibles del salvataje bancario
Jamil Mahuad tuvo en sus puestos claves a representantes de la banca. Álvaro Guerrero Ferber, del banco La Previsora, fue presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, de la misma entidad financiera, estuvo al frente del Banco Central y Medardo Cevallos Balda, de Bancomex, fue embajador en México.
Ana Lucía Armijos, miembro destacado de la Asociación de Bancos Privados, fue designada como ministra de Gobierno y posteriormente ministra de Finanzas. Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de Economía en el gobierno de Jamil Mahuad.
De hecho, algunos banqueros desembolsaron ingentes recursos para financiar la campaña electoral de Mahuad. Fernando Aspiazu, del Banco del Progreso, por ejemplo, aportó tres millones de dólares para la promoción electoral del candidato de la Democracia Popular.
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