
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena abogó por que las autoridades de la región gestionen los mecanismos necesarios para generar más empleo, con derechos y protección social a fin superar de forma efectiva los lazos de pobreza que afectan a la población del continente.
“Si queremos lograr el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin a la pobreza en todas sus formas, América Latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y protección social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, que muestra una merma en su ritmo de crecimiento”, sostuvo.
Las declaraciones las realizó Bárcena en el marco de la presentación del informe Panorama Social de América Latina 2015, presentado en conferencia de prensa en Santiago, Chile, sede de la CEPAL, donde se afirmó que las tasas de pobreza e indigencia medidas por ingresos se mantuvieron estables en América Latina en 2014 respecto al año anterior (situándose en 28,2% y 11,8% de la población de la región, respectivamente).
No obstante, la representante del organismo internacional afirmó que según las proyecciones que maneja la institución, en 2015 la tasa regional de pobreza habría aumentado a 29,2% de los habitantes de la región (175 millones de personas) y la tasa de indigencia a 12,4% (75 millones de personas).
En esta línea la entidad instó a fortalecer los mecanismos de protección social, al tiempo de generar medidas para enfrentar el difícil panorama financiero internacional a fin de proteger los avances logrados en años recientes e impedir retrocesos sociales.
“Urge explorar nuevas fuentes y mecanismos fiscales de financiamiento que hagan sostenible la política social y los avances alcanzados en el último decenio”, enfatizó la alta funcionaria, al recordar que entre 2002 y 2012 la pobreza se redujo 15,7 puntos porcentuales.
Ante esto afirmó que en toda la región deben persistir los esfuerzos de promoción del trabajo decente, entre ellos, los de formalización del empleo y de las empresas, de fortalecimiento de los salarios mínimos y de acceso a la protección social, en los que se incluya la igualdad de género como objetivo transversal.









