En este sentido, se ha plasmado la necesidad de abordar esta problemática desde dos ámbitos de manera simultánea. Por una parte, y dado que es un negocio ilícito, se tomarán medidas policiales y administrativas y también se aumentará la presión sobre los compradores con más sanciones. Por otra, desde el punto de vista social, se ofrecerán planes de formación y trabajo específicos para las personas en situación irregular para facilitarles el proceso de arraigo y regularización. La segunda teniente de alcaldía, Laia Ortiz, del ayuntamiento dirigido por Ada Colau, ha subrayado: “Hay que darles a conocer todos los recursos de que disponen.”
El concejal de ERC y presidente de la Mesa de Ciudad, Jordi Coronas, ha manifestado: “El 70% de estas personas están en una situación de irregularidad”. Y ha explicado: “A través de estos planes de empleo de doce meses podrán mejorarla.” Los que tienen la situación regularizada podrán optar por otros planes de empleo a través de Barcelona Activa.
Otras medidas que la Mesa de Ciudad recomienda aplicar son la puesta en funcionamiento de una tarjeta identificativa para acceder a los servicios municipales y una campaña de promoción del comercio en la ciudad para disuadir a los compradores advirtiendo de los peligros y las sanciones. Para elaborar el documento de conclusiones también se han tenido en cuenta los informes que han presentado sobre la venta irregular en la calle la síndica de agravios de Barcelona y el síndico de agravios de Cataluña.
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