
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos instó a los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo o FARC-EP que participan en las negociaciones de paz en La Habana, Cuba a que antes del 23 de marzo se tomen decisiones sobre los puntos definitorios que faltan de la agenda de negociaciones.
“Ya se agotó el tiempo para terminar las negociaciones. La fecha del 23 de marzo, acordada entre el Presidente de la República y el comandante de las FARC, está a menos de 5 semanas”, expresó Santos en un comunicado de prensa.
En esta línea el jefe de Estado aseguró que ya se ha discutido lo suficiente, por lo que es necesario avanzar de forma efectiva, hacia decisiones concretas, que generen en la ciudadanía la confianza necesaria en este proceso.
“El pueblo colombiano quiere y exige definiciones ya para recuperar la confianza en el proceso”, aseguró, agregando tales puntos “deben estar resueltos antes de la fecha acordada. De no ser así, los colombianos entenderemos que las Farc no estaban preparadas para la paz”.
Ante esto hizo mención a diversos puntos que son delicados en el ámbito de los acuerdos como la necesidad de establecer un “cese al fuego y hostilidades definitivo y un cronograma preciso para la dejación de las armas, con verificación de la ONU.
“Aquí hay otra línea roja, no negociable. No podrá haber proselitismo político, ni tendrán efecto los beneficios jurídicos mientras las FARC estén armadas”, acotó.
Con respecto a las zonas de concentración de los guerrilleros, el Presidente afirmó que hay que lograr la “definición de un número razonable y práctico de las zonas donde se ubicarán las FARC durante el proceso de dejación de armas. Recordemos que no hay sitios vedados para la Fuerza Pública. Aquí hay otra línea roja, no negociable. Por ningún motivo en esas zonas podrá haber población civil”.
Por último hizo referencia a la elección de los magistrados del Tribunal Especial, asegurando que su designación será de forma exclusiva por terceros que gocen de toda legitimidad nacional e internacional.
“Un sistema para la elección de los magistrados del Tribunal Especial. Aquí hay otra línea roja, no negociable. Bajo ninguna circunstancia los miembros del Tribunal podrán ser sugeridos por las FARC y deberán ser designados por terceros que gocen de toda legitimidad nacional e internacional”, señaló.









