Ante las denuncias periodísticas, el gobierno de Bolivia reconoce que hubo incumplimientos del contrato para la construcción del primer tramo del tren de carga Montero-Bulo Bulo, asciende a unos 60 millones de bolivianos (8,6 millones de dólares), reveló el jueves el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
El funcionario recordó que el Ministerio de Obras Públicas inició a principios de enero de este año una acción penal contra la empresa china CAMC, por incumplimiento de contrato y ocasionar perjuicios al Estado boliviano, ya que el tren Montero – Bulo Bulo es un proyecto complementario a la Planta de Amoniaco y Urea que se construye en Cochabamba.
En octubre de 2013, el Ministerio de Obras Públicas firmó un contrato con la firma CAMC para la construcción de uno de los tramos del ferrocarril Bulo Bulo-Montero, después de que ganó una licitación pública internacional, pero incumplió los plazos de la construcción que debían concluir en diciembre de 2015, razón por la cual se decidió resolver el contrato, cobrar las boletas de garantía e iniciar una querella penal contra la empresa asiática.
Claros sostuvo que aún se aguarda la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para viabilizar el cobro de las boletas de garantía de la CAMC, cuyo monto asciende a 23 millones de dólares, según ha informado la agencia ABI.
Crean comisión parlamentaria para investigar
La presidenta de la Cámara de Diputados, la oficialista Gabriela Montaño, del partido MAS de Evo Morales, destacó que en la conformación de la Comisión Especial Mixta que investigará el procedimiento para la contratación de la empresa china CAMC, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) eligió a las y los parlamentarios que fueron postulados por los dos bloques políticos de oposición.
En todo caso, la autoridad aseguró que la bancada del MAS y el gobierno no temen la investigación que realizará la comisión legislativa. “Nosotros no tenemos nada que esconder, nosotros tenemos la certeza que el presidente Evo Morales no ha llevado adelante ningún acto de tráfico de influencias y la comisión tendrá toda la posibilidad de investigar”, sostuvo.
Sin embargo deploró que las denuncias acerca de un presunto tráfico de influencias que involucra a la señora Gabriela Zapata pretendan ser utilizadas por la oposición de cara al referendo del 21 de febrero. “Ya está conformada la comisión, que hagan su trabajo, tienen 90 días para mostrar sus resultados, depende de la oposición que la comisión pueda avanzar lo más rápidamente posible, no depende sólo de la voluntad que mostramos los del MAS”.
Respondiendo a una consulta periodística, la diputada Montaño aclaró que si existe una denuncia contra la señora Gabriela Zapata, ésta deberá ser investigada en el ámbito que corresponda. El Presidente lo ha dicho, el Ministro de la Presidencia también lo dijo, y creo que las denuncias que pueda realizar cualquier persona deben ser investigadas, concluyó.
Opinión
