La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia que revocó la resolución de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y determinó que se ejecuten las boletas de garantía de la empresa china CAMC Enginerig por más de 158 millones de bolivianos (22,8 millones de dólares), no disipan las dudas sobre el presunto tráfico de influencias que habría ejercido el presidente Evo Morales para beneficiar a esta empresa internacional donde su expareja, Gabriela Zapata, es una funcionaria de alta jerarquía, que gestionó esos contratos.
El escándalo estalló cuando se conoció que la empresa china recibió millonarios contratos para cumplir con obras del Estado que no habrían sido cumplidas. Ante esto y para acallar las voces de protestas de la oposición, el gobierno debió ordenar que se conformara una comisión parlamentaria para investigar los contratos, pero la mayoría oficialista en el Congreso, sólo investigará incumplimiento en la culminación de las obras, pero no lo hará con la participación de la ex pareja del mandatario boliviano en la negociación.
Esta actitud ha generado más sospechas entre la oposición y los medios de prensa de Bolivia, sobre un presunto caso de tráfico de influencias.
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