Catalá ha añadido que se solicita al Tribunal Constitucional la suspensión de la norma porque “la mera constitución de ese departamento, la atribución de competencias de política internacional en asuntos exteriores a la Generalitat de Cataluña, es contraria al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”.
El ministro ha apuntado que hay que situar la decisión en un contexto donde “por parte de determinados ámbitos políticos en Cataluña se ha puesto de manifiesto la voluntad de llevar a cabo una internacionalización de su proceso en busca de la independencia”.
Rafael Catalá ha subrayado que “el Gobierno está en funciones como consecuencia de los mandatos constitucionales, pero el Estado de Derecho nunca está en funciones y, por lo tanto, la tutela, la vigilancia, la garantía del cumplimiento de la Constitución, del orden constitucional y de las competencias que cada administración pública tiene atribuidas tienen que estar permanentemente vigilantes”. Asimismo, ha recordado que acudir al Tribunal Constitucional en caso de conflicto de competencias es “la forma habitual de resolver discrepancias” entre el Estado y las Comunidades Autónomas.