Controversia: La Justicia ampara al servicio Uber en España y en Brasil

Desde el sector del taxi critican el servicio que brinda la aplicación Uber, que es poner en contacto a personas que necesitan hacer recorridos relativamente cortos con conductores disponibles y con automóviles de buena calidad, donde el pasajero recibe una atención personalizada y menos cara que el taxi.
Uber aporta competencia a un sector dominado por el taxi y eso es bueno; porque le da opciones a la gente para decidir donde quiere viajar.
Entre otras cosas da la seguridad de saber de antemano el costo de un viaje, que se paga a través de la tarjeta de crédito del usuario, sin necesidad de llevar dinero encima.
El pasajero sabe que su viaje tiene el costo único que se le dio a través de la aplicación y no más. La ruta está fijada por GPS y evita la ya imperdonable excusa del conductor del taxi que pide en muchos casos: “¿Me puede indicar el camino? Hace poco que estoy en esto y todavía no conozco las calles” y es entonces el momento en que uno se transforma en guía del novato chofer de taxi y es posible que lo terminen “paseando” por distintas calles, incrementando el costo final del viaje.
Uber pide a sus usuarios que valoren la calidad del servicio y al conductor que los traslada. Se cuida la calidad y la excelencia. Si un conductor recibe malas puntuaciones, puede ser despedido.
Según los usuarios del taxi, algunos conductores se molestan si un pasajero le pide ir por tal o cual calle o los obligan a escuchar, sin consultarles, la música que al chofer le gusta.
Muchos usuarios sostienen que el servicio de Uber es necesario porque llevará al taxi a mejorar las prestaciones y que se podrá incentivar la competencia que hoy es casi monopólica del taxi en varios países.
Brasil: Justicia ampara uso de la aplicación Uber en San Pablo
El juez de la quinta Sala de la Corte Suprema del Estado de São Paulo otorgó una orden judicial que prohíbe al municipio de São Paulo a la práctica de medidas que restringen el uso de la aplicación Uber en dicho Estado.
“el municipio debe limitarse al análisis de las condiciones de conservación y seguridad del vehículo, su regularidad documental, aplicación de las leyes de tráfico, la disuasión conducir ebrio etc. La administración no puede comprender vehículos como diario informó, sólo porque estos controladores no se consideran “oficialmente” los taxistas en un campo, al parecer, aún no la actividad económica electrónica adecuadamente regulado “, dice el texto de la decisión.
El juez también criticó la actitud de los conductores de taxi que actúan para impedir el uso de la aplicación por los pasajeros. “Hay inequívocamente parte de los antagonistas, los taxistas” tradicionales”, las intenciones monopólicas, miedo a la competencia, el repudio de la vida con este nuevo servicio, los movimientos paredistas en la vía pública [a expensas de la normalidad urbana]. Y en la extrema violencia, física”.
En un comunicado, Uber dijo que la decisión “legitima el proyecto de reglamento presentado a consulta pública por el alcalde [Fernando] Haddad”.
España: Uber comienza a ganar la guerra contra el sector del taxi
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) de España pide que Uber o Cabify puedan competir libremente con el taxi y ha enviado al Consejo de Ministros un requerimiento de anulación de varios artículos incorporados en el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre de 2015.
Este requerimiento, enviado el 14 de enero, constituye un paso previo que busca evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el marco del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), en el supuesto de que no se modifiquen las severas restricciones a la competencia y la unidad de mercado establecidas en el Real Decreto 1057/2015.
La CNMC está legitimada para impugnar los actos de las Administraciones Públicas y las normas con rango inferior a la ley contrarios a los principios de regulación económica eficiente y competencia efectiva. En este caso, el marco normativo en el que la CNMC actuaría sería el artículo 27 de la LGUM.
Entre los principales obstáculos a la competencia establecidos en el Real Decreto, y que deberían ser eliminados por no considerarse suficientemente justificados, se encuentran los siguientes:
Límites cuantitativos. El Real Decreto permite que la Administración Pública deniegue autorizaciones de VTC cuando, a su criterio, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esta negativa será automática cuando exista más de una autorización de VTC por cada treinta licencias de taxi. Dicha restricción limita de forma sustancial la entrada en el mercado de transporte urbano de viajeros. Impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera, y una mayor competencia en precios, calidad e innovación.
Contratación previa del servicio y prohibiciones de ejercicio. El Real Decreto establece la obligación de contratar previamente los servicios VTC, prohíbe que circulen con pasajeros sin un contrato de arrendamiento, e impide que puedan ofrecer sus servicios circulando en las vías públicas en busca de clientes. Estas restricciones injustificadas impiden que los VTC puedan competir con los taxis en varios ámbitos del transporte urbano de pasajeros, en particular en el segmento de contratación directa en la calle.
Compartimentación geográfica. El Real Decreto determina que los VTC deberán ser utilizados habitualmente en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre domiciliada la autorización, incorporando un límite máximo de servicios que podrán realizarse en un territorio español distinto al de la autorización.
Número mínimo, representatividad y antigüedad de los vehículos. El Real Decreto establece un número mínimo de 7 vehículos para poder operar en este mercado, una antigüedad máxima de 10 años y otros requisitos injustificados de carácter técnico.
Todas estas restricciones son contrarias a los principios de regulación económica eficiente establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, carecen de justificación económica, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, y reducen el bienestar general. Estos impedimentos a la libre competencia son especialmente gravosos en el momento actual de innovación acelerada en el sector, que se vería frenada por la norma. Por lo tanto, deben ser eliminadas del marco normativo.
Mediante la formulación de este requerimiento, la CNMC brinda una oportunidad a las Administraciones competentes para que eliminen estas restricciones y favorezcan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros. Estas restricciones carecen de justificación y son claramente perjudiciales para la sociedad.
En el caso de que no se atienda el requerimiento realizado, la CNMC impugnará ante los tribunales este Real Decreto, para conseguir que estas restricciones puedan ser eliminadas del marco normativo y aumentar el bienestar general.