El Defensor del Pueblo de Bolivia Rolando Villena afirmó que en la campaña pre consulta se tergiversó y desnaturalizó del verdadero objetivo de Referéndum al que se convirtió “en un plebiscito que colocó en el eje de este ejercicio democrático al Presidente y Vicepresidente actuales; distorsionando de manera premeditada e interesada la información pública, y generando una confusión en el electorado”, lo que a su criterio contribuye también a un debilitamiento progresivo de la calidad de la democracia.
En un comunicado público en el que analiza el respeto a los derechos ciudadanos en la campaña, el Defensor señala además que en la campaña, tanto el partido de gobierno como la oposición buscaron“generar la polarización, el enfrentamiento y la división entre bolivianas y bolivianos con acusaciones y contraacusaciones…llegando a extremos de banalizar, vulgarizar y hasta abordar con trivialidad la importancia del debate político y democrático”.
Asimismo afirma que en este proceso se sembraron dudas sobre la independencia del Tribunal Constitucional respecto a los intereses del poder político “Particularmente preocupante, afirma Villena, es el fallo contra el Art. 24 del Reglamento para la Campaña y Propaganda Electoral que, a nuestro criterio, afecta la independencia y separación de los Órganos del Estado prevista en el Art. 12 de la Constitución Política, y a la potestad constitucional prevista en el Art. 208 que, atribuye al Tribunal Supremo Electoral la responsabilidad privativa de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales”.
En relación las campañas, el Defensor cuestiona el uso de recursos del Estado para la contratación de publicidad de obras públicas, las denuncias de “presiones y amenazas de las que fueron objeto muchas servidoras y servidores de instituciones públicas para formar parte de eventos proselitistas” y la utilización de niñas, niños y adolescentes como objetos de la campaña, “instrumentalizados o expuestos para descalificar una tendencia o promover otra”.
Otro aspecto que destaca la autoridad es el hecho que “a raíz de las denuncias publicadas en medios de comunicación, autoridades del gobierno hayan emitido nuevamente amenazas contra periodistas en el afán de intentar desacreditar y/o amedrentar a medios de comunicación específicos”, sin embargo, también advierte que en algunos casos, ciertos medios no consideraron la observancia al Art. 107 de la Constitución que señala: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social, deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”.
En relación al Órgano Electoral, el Defensor hace un llamado al Tribunal Supremo para que garantice “la total transparencia, imparcialidad y legitimidad” en el proceso de consulta y que “se tomen las decisiones que correspondan para evitar cualquier acción o intento de empañar este ejercicio democrático, sea que vengan de autoridades públicas, sujetos que detentan poder político o grupos que, pretenden arrogarse la representatividad de los movimientos sociales”. Además demanda a esta institución “que se respete, por sobre todas las circunstancias… la voluntad y la decisión soberana del pueblo, cualquiera que esta sea, evitando cualquier acción que pretenda desvirtuarla o conculcarla”.
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