La decisión de los jueces chavistas de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, de aceptar las impugnaciones en contra de los diputados de la oposición, es a todas luces un intento de “robar al pueblo la mayoría calificada de diputados que eligió el pasado 6D”, según ha explicado en forma contundente, Omar Ávila, Diputado a la AN por la MUD y Secretario General Nacional de Unidad Vision Venezuela.
El legislador expresa en un artículo las acciones ilegales de los “magistrados express fraudulentos”, que actúan en contra de la Carta Magna.
Ávila señala que “aun cuando seis de los siete recursos fueron declarados improcedentes, debo decir que esta decisión del TSJ además desconoce prerrogativa de inmunidad parlamentaria, que no es personal, sino otorgada por el pueblo”.
El diputado asegura que se viola otra ley “esta abogada que introdujo el recurso de impugnación de Amazonas, es funcionaria pública, lo que constituye otra ilegalidad más y convierte este en un acto írrito”.
“En resumen, sobre esta aberración jurídica debo decir que la sentencia de la Sala Electoral es inejecutable. No se pueden suspender los efectos de la proclamación, ya que los mismos se cumplieron, además si se considera 2/3 de 163 diputados son 109. Lo otro es que solo la AN puede calificar a sus miembros, o sea la AN puede decidir incorporar a los 4 diputados “suspendidos”, esto no implica desacato alguno, primero, porque la sentencia es inejecutable y dos, porque solo la AN califica a sus miembros”, explica Ávila.
Agrega que “basados en los artículos 5, 187 y 333 de la CRBV se puede desconocer esta sentencia de la Sala Electoral del TSJ. Con lo que es claro que el Poder Judicial no tiene facultad para anular la proclamación de ningún diputado”.
Puntualiza que “También existe una jurisprudencia del año 2010 en donde fue el mismo TSJ que le respondió a unos candidatos de la oposición, quienes intentaron un recurso ante este organismo, diciéndole que no podían saltarse su primera instancia de reclamo que es el Poder Electoral.
Además, al CNE haber proclamado a los diputados electos y no haberse presentado ninguna impugnación, el acto del Poder Electoral queda firme, por lo tanto no puede ser atado de nulidad”, asevera el diputado.
Quienes son los los jueces chavistas que aceptaron la impugnaciones ilegales
Indira Alfonzo Izaguirre, presidenta de la Sala Electoral y vicepresidenta de la Sala Plena del máximo tribunal del país. Funcionaria de confianza del chavismo en varias oficinas del Estado antes de acceder a este cargo judicial. Bajo su presidencia la Sala Electoral decidió no convocar a elecciones al Parlamento Latinoamericano.
Malaquías Gil Rodríguez, Fue diputado del régimen electo en 2000 por el partido Podemos, aliado al chavismo. Dictó el sobreseimiento de Diosdado Cabello por una causa de malversación de fondos.
Jhannett María Madriz Sotillo, Jueza de gran confianza del régimen, ya que fue embajadora del gobierno chavista en Canadá hasta que renunció en 2010 para ser magistrada.
Los nuevos jueces
Fanny Márquez Cordero y Christian Tyrone Zerpa; nombrados en forma irregular por la mayoría simple de la saliente Asamblea Nacional en una sesión extraordinaria, avalada por la Sala Consitucional del TSJ.
Márquez Cordero es otra fiel funcionaria chavista, debuta como magistrada impugnando a los diputados opositores y estuvo como intendenta Nacional de recursos Internos del Seniat, subordinada a José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello.
Christian Tyrone Zerpa, es otro fiel soldado chavista, diputado por el Psuv, sigue integrando el partido de Gobierno.
Los “magistrados” resuelven e impugnan como quiere el gobierno:
En su fallo, el Tribunal chavista “ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional”, afecta a los opositores Julio Ygarza y Nirma Guarulla, al representante indígena Romel Guzamana y a un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Miguel Tadeo Rodríguez.
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