El presidente de México, Enrique Peña Nieto reafirmó el compromiso del Ejecutivo con el cumplimiento y promoción de los Derechos Humanos en el país, asegurando que respetar y proteger los DD.HH son un asunto de Estado.
“En México los derechos humanos son un asunto de Estado; son una causa que nos convoca y nos une a todos, o a eso debe llevarnos, a que trabajemos en un solo frente”, afirmó.
Las declaraciones las realizó el jefe de Estado en el marco de la Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, donde anunció la firma de dos iniciativas que serán enviadas al Congreso de la Unión para fortalecer las acciones en esta materia.
En esta línea el Mandatario detalló que firmó la iniciativa de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas; y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
“En el Gobierno de la República creemos firmemente que combatir frontalmente la desaparición forzada y la tortura es una condición básica para lograr la plena vigencia del Estado de Derecho en nuestro país”, afirmó.
Ante esto especificó que la propuesta de Ley General en Materia de Desaparición de Personas permitirá establecer una nueva política pública enfocada en su búsqueda y localización por medio de la creación del Sistema Nacional de Búsqueda; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; el Registro Nacional Forense y el Consejo Nacional Ciudadano, integrado por defensores de derechos humanos, especialistas y familiares de las víctimas.
Asimismo la propuesta de Ley General contra la Tortura, el Primer Mandatario detalló que “tiene un objetivo muy claro: erradicar esta práctica”. A fin de acabar con esta y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante.
En este sentido la iniciativa prevé crear las Unidades Especializadas de Investigación, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, para combatir con mayor eficacia este delito; el Mecanismo Nacional de Prevención, cuya misión será aplicar en el país las mejores prácticas internacionales para evitar actos de esta naturaleza y el Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros Tratos Inhumanos y Degradantes.
Ambos proyectos de ley “son producto de un amplio proceso de consulta en el que participaron legisladores, autoridades, académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de víctimas y la ciudadanía en general”, dijo.
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