Si algún magistrado argentino entiende que el presidente Macri no puede nombrar dos jueces por decreto, está en su derecho de impugnar esa resolución y la Justicia debe resolver como corresponde.
Alejo Ramos Padilla, magistrado federal de Dolores, hizo lugar a “una medida cautelar interina” para frenar las designaciones de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, como jueces de la Corte Suprema, pero Ramos Padilla es integrante de la asociación ‘Justicia Legítima’ de la procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó en la cual se enrolan fiscales y jueces que respaldan a Cristina Kirchner. Este grupo repudió en su momento la movilización que se realizó desde el Congreso a Plaza de Mayo en homenaje al fiscal Alberto Nisman.
Desde luego que como ciudadanos los jueces y fiscales pueden tener su ideología política pero de ahí a manifestarse públicamente como kirchneristas hay un gran trecho.
Ramos Padilla dijo en radio Vorterix que no actúa como “juez de Justicia Legitima sino como juez de la Constitución nacional y de la Nación”, a partir de algunos cuestionamientos.
La pregunta es ¿Qué seguridad de imparcialidad tienen los ciudadanos que se manifiestan contrarios al kirchnerismo si una causa debe ser resuelta por estos fiscales o jueces que no tienen problemas en decir públicamente sus preferencias políticas?.
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