La demanda será presentada el lunes (30) por la Fiscalía General de la Unión y pedirá que la empresa minera inicie la composición de un fondo de cerca de US$ 5,3 mil millones, gestionado por los próximos 10 años. El fondo deberá hacerse cargo de las cuatro acciones propuestas: acabar con los daños, minimizar los impactos de los desastres, revitalizar y recomponer biológicamente la cuenca del río Doce e indemnizar a quienes fueron perjudicados.
La acción judicial fue planteada tras las evaluaciones del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y del Instituto Chico Mendes. De acuerdo con el abogado general de la Unión, Luís Inácio Adams, la acción se presentará en contra de Samarco, Vale y de la compañía angloaustraliana BHP Billiton. Él informó que, como el daño permanece, el valor todavía puede ser modificado durante la acción.
La intención del gobierno es que las empresas hagan un ajuste directamente con la justicia, pero si eso no ocurre, el gobierno federal y los estados podrán pedir el secuestro de los fondos con base en la facturación o en las ganancias de esas empresas.
La decisión fue anunciada en el Palacio del Planalto tras una reunión de la presidenta Dilma Rousseff con los gobernadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel, y del Espírito Santo, Paulo Hartung.
Según la ministra del Medio Ambiente, Izabella Teixeira, quien asistió a la reunión, corresponde a las empresas la responsabilidad penal y civil por daños, además de las multas, y así los recursos no se obtendrán a través del Presupuesto General de la Unión. Según la ministra, “lo que se perdió allí está perdido para siempre. La cadena biológica no se reconstruirá”. Agregó que será necesario crear condiciones para revitalizar la cuenca.
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