El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de España, Cristóbal Montoro, ha apuntado que el Gobierno entiende que Cataluña se encuentra “en una situación especial”, por lo que se ha establecido una “condicionalidad específica” para la transferencia de los fondos a los proveedores de esa comunidad. Las razones citadas por Montoro son la rebaja de la nota que las agencias de rating dan a la deuda de Cataluña, el afloramiento de 1.300 millones de euros que no estaban declarados -y que suponen un déficit adicional- y las declaraciones de representantes de instituciones de esa comunidad sobre el impago de deudas y el incumplimiento de las leyes.
Para garantizar que los fondos se destinan exclusivamente al pago de los servicios públicos fundamentales, ha dicho, se desembolsarán por tramos, “en función del cumplimiento de la condicionalidad”. Esto implica la conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de las facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Además, el interventor de la Generalitat deberá emitir un certificado mensual en el que deje constancia de que los gastos no contravienen el ordenamiento jurídico. Las operaciones de endeudamiento se aprobarán una por una, y el Estado prestará el amparo necesario a los empleados públicos para la ejecución de estas medidas.
A preguntas de los periodistas, el ministro ha asegurado con rotundidad que “el Gobierno no tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat de Cataluña ni de ninguna otra comunidad autónoma” y ha garantizado que “ni un solo euro” de las cantidades transferidas a la comunidad catalana en el marco de las medidas de liquidez se ha destinado a financiar “veleidades” independentistas, contrarias a la legalidad o a la Constitución.
El Gobierno reparte 7.889 millones de euros entre las comunidades autónomas para la financiación de los servicios públicos.
Opinión
