El Programa cuenta con un documento de derechos y deberes, que fue oportunamente compartido –previa traducción– con las cinco familias sirias reasentadas en territorio uruguayo.
Dentro de los derechos previstos para las cinco familias, figura el cobro mensual de un Fondo Fijo por familia, cuyo monto varía en función de la composición y cantidad de integrantes, y que se complementa con un Fondo Rotatorio que está sujeto a ciertas contraprestaciones (por ejemplo, la concurrencia al centro de estudios de los integrantes menores de edad, etc.).
Dentro de los deberes aplicados, figura la obligación de no violar la ley, cuyo cumplimiento se verifica a partir de la no existencia de una denuncia penal en contra de un integrante de la familia. En caso de que exista denuncia penal, el documento de derechos y deberes prevé el no cobro del Fondo Fijo correspondiente al mes posterior a la misma.
El martes 6 de octubre de 2015, en el marco de hechos que fueron oportunamente puestos en conocimiento de la opinión pública a través de un comunicado publicado en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos, fue asentada una denuncia penal en contra de un integrante de una de las 5 familias sirias, lo que inmediatamente, y de acuerdo al documento de derechos y deberes, se traduce en el no cobro del Fondo Fijo correspondiente al mes de noviembre para la familia en cuestión.
Durante los días posteriores al 6 de octubre, integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos se reunieron en repetidas ocasiones con un representante de la familia, a fin de recordarle los términos del documento, y explicarle las consecuencias (el no cobro del Fondo Fijo).
Excepcionalmente, y a fin de alivianar la carga de la familia, la Secretaría ofreció retener el 50% del Fondo Fijo durante dos meses (es decir, ofreció “pagar” en 2 cuotas). Sin embargo, la familia –a través de su representante– expresó que una sola cuota sería lo adecuado.
De acuerdo a lo antedicho, se procedió al no pago del Fondo Fijo correspondiente al mes de noviembre, lo que habría motivado el descontento de la familia, pese a que en todo momento estuvo al tanto de la situación.
Sin embargo, vale acotar que la familia tiene las necesidades básicas cubiertas y que desarrolla actividades económicas independientes que le permiten contar con una fuente de ingresos que trasciende el apoyo recibido a través de la Secretaría.
Secretaria de Derechos Humanos
Presidencia de la República
Los hechos que motivaron la sanción económica
El martes 6 de octubre de 2015, el equipo de trabajo del Programa de Reasentamiento de Familias Sirias, en compañía de un representante de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados), concurrió a la localidad de Juan Lacaze (Departamento de Colonia) a fin de reunirse con una de las cinco familias participantes de la primera etapa del Programa.
La reunión fue motivada por la inquietud del jefe de familia de obtener una visa para trasladarse e instalarse en otro país junto su familia.
El equipo volvió a explicarle que el Estado Uruguayo no está capacitado para otorgar visas de entrada a otro país (potestad que se reserva el país en cuestión).
Tras dos horas de intercambio, el jefe de familia agredió a parte del equipo del Programa.
Las personas agredidas realizaron la denuncia correspondiente ante la policía.
La situación de los refugiados sirios en Uruguay
El actual presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, que heredó la situación creada por su compañero de partido, José Mujica, dijo tiempo atrás en rueda de prensa que “El gobierno (uruguayo) estableció contactos con el Líbano para saber si podían recibir a los refugiados sirios y dijeron que no”, aseguró Vázquez a los periodistas.
“Uruguay no les prohíbe a los sirios salir, pero hay que ver qué país los recibe”, aseguró el presidente Vázquez y luego añadió que el gobierno uruguayo hizo gestiones en un intento por cumplir con sus pedidos pero fueron infructuosas.
Maher Aldees, jefe de una de las familias, aseguró a El Observador que el gobierno uruguayo los engañó con “palabras muy lindas”, que no es la vida que les prometieron, “vivir en el Líbano era mejor que acá”, manifestó.
El refugiado explicó que al hablar con funcionarios de la embajada de Uruguay en el Líbano, antes de ingresar al programa de refugiados uruguayo, prometieron “cosas que no eran”. Según indicó Maher, les aseguraron que en Uruguay encontrarían trabajo, con sueldos de US$ 1500, que podrían vivir tranquilos, pero al ingresar al país encontraron otra realidad: “No tengo casa, no tengo trabajo”, sostuvo.
Un artículo editorial del diario El País de Montevideo, expresa:
“Las familias sirias que trajimos a vivir al paraíso solidario del “Pepe” (Mujica), se quieren ir para Líbano. O sea, que prefieren regresar a un campo de refugiados, a vivir hacinados en carpas, entregados a la caridad de los organismos internacionales, o incluso arriesgar su vida tirándose al mar, con tal de escapar de las condiciones en las que viven entre nosotros”.
El artículo además señala que “Las palabras de estos refugiados son un golpe al corazón del mito de país maravilloso que se ha venido construyendo en estos últimos años. Un cuento que implicaba que la era progresista iniciada con la llegada del Frente Amplio al poder nos había puesto en la puerta del desarrollo. Y que cualquiera que osara cuestionar algún detalle de esto era un neoliberal, traidor a la patria”.
El editorial del periódico uruguayo, agrega:
“Esta situación deja en evidencia lo que siempre se tuvo claro por la gente que analizó el tema con un mínimo de cerebro y sangre fría: que toda la operación de su llegada, montada en pleno furor de la supuesta candidatura al Nobel de Mujica, fue una chapucería, improvisada, sin ninguna planificación ni estudio serio detrás. Como lo de (la llegada de los presos de) Guantánamo, como casi todo lo hecho en el gobierno anterior”, refiere el artículo.
Ahora otro compromiso de Mujica generará más problemas; otras siete familias de refugiados sirios vendrán a Uruguay antes de fin de año y es previsible lo que ocurrirá, por más que se diga que se planificará de otra manera.
Mientras tanto Mujica, asegura que todo se trata de “un problema de adaptación cultural”, pero las familias sirias continuarán acampando en la Plaza Independencia, frente al edificio del gobierno, hasta que sus demandas sean atendidas.
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