Asunción, IP.- El crimen y la violencia en el continente latinoamericano generan un profundo impacto económico en toda la región. Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Los costos del crimen y de la violencia en el bienestar de América Latina y el Caribe”, lanzado recientemente, señala que el promedio de ese efecto en las cuentas públicas y privadas es equivalente al 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual de los países.
El relevamiento se refiere al año 2010, en los contextos de Chile, Paraguay y Uruguay, en América del Sur, además de Costa Rica y Honduras, en América Central. De acuerdo con la investigación, en esos países los gastos consecuentes del crimen son proporcionales al ingreso generado por el 20 por ciento de los más pobres de la población.
Esto solamente en lo que se refiere a los costos directos con víctimas o posibles víctimas de la violencia. O sea, con protección, prevención y atención a la población, sea de manera pública o privada. Se refiere, por ejemplo, al valor desembolsado por familias, empresas y por el propio Estado debido a la violencia. Incluye también una proyección del ingreso no generado por la parte de la población integrada a prácticas delictivas, que no contribuye formalmente con los recursos para la sociedad.
“Las consecuencias del crimen y la violencia son graves y duraderas. El crimen y el temor al crimen influyen en la conducta de las personas, limitan las decisiones de inversión de las empresas, minan la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública y distorsionan la asignación de recursos públicos y privados”, explica Santiago Levy, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID. “Además, el crimen afecta a las relaciones en todos los niveles, desde la relación de los ciudadanos con sus comunidades hasta las relaciones exteriores de los países”, agrega.
En el documento se estima que Honduras fue el país que sufrió el mayor perjuicio económico a causa del crimen: 704 millones de dólares, lo que significa 4,6 por ciento de su PIB. En seguida figura Paraguay, con una pérdida del 3,8 por ciento; Uruguay, con 2,3 por ciento; Costa Rica, con 1,9 por ciento, y Chile con un gasto de 1,8 por ciento de su PIB. Para tener una idea de la proporción del gasto, el estudio señala que países de América del Norte, Europa y Oceanía gastaron cerca del 1 por cientro, en el mismo período. A pesar de altos, los costos del crimen y la violencia en los Estados latinoamericanos presentaron una caída en relación a 2006, período de la penúltima investigación realizada.
Honduras también ocupa el primer lugar en la clasificación de los países investigados, tanto en lo que atañe a los recursos gastados en la prevención del crimen, como a los valores destinados a políticas sobre consecuencias del crimen. En relación con los gastos gubernamentales de acciones en respuesta a la práctica delictiva, Paraguay y Uruguay presentan los números más elevados de la región, informa el portal site.adital.com.br.
“La conexión teórica entre crimen e inversión es clara. Los escasos derechos de propiedad, los horizontes de planificación reducidos (o la esperanza de vida, en el caso de los individuos) y una mayor incertidumbre tienden a desalentar cualquier actividad que implique costos actuales y beneficios futuros”, destaca Rodrigo Soares, profesor de la Escuela de Economía de São Paulo, de la Fundación Getulio Vargas (EESP-FGV).
“En el caso del capital humano, también es probable que el crimen influya en la tecnología de la inversión, dado que es probable que el trauma psicológico y el miedo disminuyan la capacidad de aprendizaje de los niños”, complementa.