El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, emitió un decreto en el que prohíbe el uso de recursos públicos para costear actividades recreativas o festivas de sus servidores de las instituciones del Estado a fin de ser congruente con los esfuerzos que hace el gobierno para la contención del gasto, dada la situación de las finanzas públicas.
“Este es un Gobierno que está comprometido con los principios de austeridad en el uso de los recursos públicos, dispuesto a combatir los despilfarros y a garantizar el buen uso de los dineros de las y los costarricenses”, expresó en un comunicado de prensa difundido por a web presidencial.
La misiva la emitió el jefe de Estado en virtud del caso asociado a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), la que se beneficia de una licitación para la fiesta navideña de los empleados de esta empresa estatal. La administración busca suprimir este beneficio de financiar la fiesta, el cual está vigente desde la década de los años 70.
En esta línea trascendió que la Directriz 034-P ordenó a las instituciones de la Administración Central, sin excepción, no usar fondos públicos para sufragar actividades festivas, y se instruyó a las entidades de la administración descentralizada para que apliquen una limitación similar.
La directriz emitida por el gobierno “advierte que en las instituciones donde exista una convención colectiva que imponga a la administración el deber de pagar este tipo de actividades, se instruye a los jerarcas para que denuncien la respectiva cláusula y para que empleen los medios jurisdiccionales disponibles para su anulación”, destaca la nota.
Por otra parte trascendió que el Gobierno inició desde el 2014 una revisión de las convenciones colectivas para procurar su racionalización, pero son asuntos que requieren de un proceso de negociación.