Quito, (Andes) – El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó como inoportuna e inadmisible la presencia del alto mando militar en una audiencia para juzgar a cinco miembros de las Fuerzas Armadas acusados de perpetrar crímenes de lesa humanidad en la década del ochenta.
En un diálogo con periodistas en el Palacio de Gobierno, el mandatario dijo que en un estado de derechos se persiguen delitos, no personas o instituciones lo que no significa que se pretenda atentar contra la institución castrense.
También, cuestionó las declaraciones del comandante del Ejército, Carlos Obando, quien mencionó que la asistencia de los jefes militares a la audiencia se trataba de una posición Institucional. “Me parecen declaraciones desafortunadas, presencia totalmente inoportuna”, dijo el presidente.
“En un estado de derecho se juzgan delitos, no es que se persiguen personas, instituciones; entre los acusados tengo personas a las que aprecio, pero tenemos que dejar que funcione la justicia (…) eso de tener treinta altos oficiales uniformados en el juicio y que diga el comandante del Ejército que están ahí como respaldo institucional, etcétera, es inadmisible en un estado de derecho”, subrayó.
El jefe de estado dijo que en este caso (Vaca-Cajas-Jarrín) se investiga torturas, violaciones y detenciones ilegales. “No es que se está persiguiendo a militares, a las Fuerzas Armadas, eso es un discurso mediocre que debe ser superado en este nuevo país”, apostilló.
Manifestó que la próxima vez que los oficiales quieran asistir a una audiencia “lo hagan de civil y a manera personal”.
El ministro de Defensa, Fernando Cordero, coincidió con el presidente Correa en rechazar la presencia del alto mando en la audiencia lo que calificó como un error. Reiteró que hay que dejar que funcione la justicia sin presiones y descartó que se establezcan sanciones pues, aclaró, el gobierno no está facultado para hacerlo.
Para la audiencia de juicio por delito de lesa humanidad, el primero en la historia judicial del país, la Fiscalía convocó a 69 testigos, además presentará 11 experticias y más de 70 documentos para avalar la teoría del caso.
La CNJ llamó a juicio en marzo de 2014 a cinco exmilitares, entre generales y coroneles, también consta un general de Policía en servicio pasivo, quienes habrían pertenecido a la estructura de represión estatal entre 1984 y 1988, durante el gobierno de extrema derecha del entonces presidente León Febres-Cordero (+).
Las víctimas son Luis Vaca, Susana Cajas, Javier Jarrín quienes integraron el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo y denunciaron la vulneración de sus derechos humanos durante el gobierno del fallecido líder del partido Social Cristiano.
Los crímenes de lesa humanidad que se indagan en este caso son detención ilegal, violencia sexual, tortura y desaparición forzada.
Esta causa por lesa humanidad fue investigada por la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, bajo la coordinación de Chiriboga Zambrano, como parte de los 136 casos que la institución lleva en el tema de derechos humanos.
La judicialización de este caso ha llamado la atención de la opinión pública nacional e internacional por ser el primero por lesa humanidad que se lleva a los tribunales ecuatorianos. Las investigaciones fueron realizadas por la Comisión de la Verdad, creada en 2007 por el presidente Rafael Correa, para indagar estos casos con el fin de que no queden en la impunidad.
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