Según el comunicado de la policía, unos 100 agentes cumplen 33 órdenes judiciales –seis de prisión preventiva, 18 de busca y captura, y nueve de conducción coercitiva –cuando uno queda obligado a ir a la comisaría– en el Distrito Federal y en los estados de São Paulo, Piauí y Maranhão.
La Operación Zelotes se inició el 26 de marzo de este año y esa nueva etapa tiene como blanco un consorcio de empresas que, además de manipular procesos y juicios dentro del CARF, también negociaba incentivos fiscales en favor de empresas del sector de automoción.
“Las pruebas indican probable ocurrencia de tráfico de influencia, extorsión e incluso corrupción de funcionarios públicos para que se elaborara y aprobara una legislación beneficiosa a dichas empresas”, dijo el comunicado.
Los delitos investigados por la Policía Federal incluyen tráfico de influencia, cohecho, soborno, conspiración, organización criminal y lavado de dinero.
La semana pasada, la Contraloría General del Ministerio de Hacienda abrió el primer procedimiento administrativo disciplinario para determinar la responsabilidad funcional de un consejero del CARF involucrado en la Operación Zelotes. No se informó el nombre del consejero involucrado.
El CARF es un órgano colegiado, con representantes de la Secretaría de Ingresos Federales y de contribuyentes en igual número. Es la segunda y última instancia administrativa, vinculada a la estructura del Ministerio de Hacienda, con la tarea de juzgar apelaciones a dictámenes sobre deudas tributarias con la Secretaría, que es la primera instancia.
En la operación fueron allanadas las oficinas de una empresa de marketing deportivo perteneciente a Luis Claudio, de uno de los hijos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No se practicaron detenciones en esta empresa.
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