
La información que se mantuvo oculta durante años, fue revelada por la revista chilena ‘Qué Pasa’ y señala que “El primer link sobre el tema lo obtuvo la presidenta Michelle Bachelet, en su primera administración cuando, en mayo de 2008, el ex mandatario Álvaro Uribe le envió por medio de Gustavo Villalobos –también director de la ANI en ese gobierno– un completo dossier que el gobierno nunca entregó al Ministerio Público, por considerar que la información no acreditaba delitos. El revuelo se armó cuando tres meses más tarde, en agosto de 2008, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y el senador Alberto Espina entregaron al fiscal nacional Sabas Chahuán esa misma documentación, sin explicitar cómo habían accedido a ella”.
El abogado chileno, Felipe Silva, tuvo acceso a los documentos que demostraban que existía un estrecho vínculo entre el PC, las Farc y grupos mapuches. El informe fue entregado por el ministerio de Defensa de Colombia.
La ex candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei, criticó en una entrevista con el diario La Tercera el hecho de que miembros del PC “iban a pasear y a entrenarse allá (Colombia), y mandaban además a otra gente a entrenar. O sea, lo que querían era traer ese tipo de crueldad a Chile. Y esta es la gente que hoy habla de los derechos humanos. Y esto no pasó hace 20 ni 40 años atrás. Estamos hablando de algo que pasó hace seis años atrás”.
Matthei agregó que “La Presidenta de la República sabía todo esto” y no da explicaciones y que debe hacerlo y posibilitar una investigación a fondo contra el PC de Chile.
El senador de la alianza de partidos que conforman UDI, RN, Evópoli, PRI), Hernán Larraín, dijo que “no es solo el Partido Comunista es el que tiene que dar la cara hoy en Chile, también el gobierno, sus partidos y la Presidenta, Michelle Bachelet, porque queremos saber cuáles son los estándares mínimos para formar parte de la Nueva Mayoría”.
El PC rechaza acusación
A través de un comunicado el Partido Comunista de Chile rechaza la acusación y destaca que “no hay nada concreto que pueda inculpar a dirigentes del PC de alguna irregularidad y fueron desechados por la Justicia chilena y colombiana e incluso en un informe de la Interpol, como elementos probatorios y de tipificación de algún delito”.
Sin embargo, más adelante reconoce que “El Partido Comunista, al igual que decenas de organizaciones políticas y sociales latinoamericanas, europeas y de otras regiones, mantuvo comunicación política y pública con la guerrilla colombiana, sobre todo apuntando al respaldo a una salida política al conflicto armado en Colombia”, explica el comunicado.









