La falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela es alarmante debido a la sumisión a las órdenes que imparte Nicolás Maduro desde el gobierno y que el TSJ acata sin oponerse.
A Gladys Gutiérrez Alvarado y al régimen, les molesta que se califique a Leopoldo López y a Daniel Ceballos com “presos políticos” y la magistrada señala- para dejar contento al gobierno- que “no son prisioneros políticos, sino procesados judiciales por la presunta comisión de delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano, cuya responsabilidad o no, será determinada por los tribunales penales que conocen sus respectivas causas”.
Agrega la presidenta del TSJ algo que parece una burla a la inteligencia de la gente: “Se les han respetado las garantías y los derechos humanos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre ellos el derecho a la defensa y al debido proceso, premisa que siempre ha sido garantizada a todo ciudadano o ciudadana a quien se le siga un proceso judicial en el territorio nacional”. Sin dudas una broma de mal gusto de la presidenta.
Sobre la presencia del expresidente español Felipe González Márquez, para asistir a la defensa del imputado Leopoldo López, señaló, entre otros aspectos, “que no podría ejercer como profesional del Derecho en una causa penal dentro del territorio nacional, ya que se vulneraría la Ley de Abogados y la certificación de título profesional que exige la Carta Magna para ejercer dicha profesión en nuestro país”.
Finalmente acotó que, para acompañar a la defensa como Consultor o Asesor Técnico, se requiere ser un experto con amplio conocimiento en una de las áreas del saber científico, especiales competencias técnicas que González Márquez no ha acreditado, según entiende la magistrada.
R.C. Gómez
Opinión
