La pregunta concreta de un periodista era para conocer si los EE.UU. tienen ningún tipo de obligaciones financieras para con estos seis hombres, después de haber negociado este acuerdo para reubicarlos en Uruguay.
La portavoz Harf respondió: “Nosotros no. En términos generales en el marco del derecho de la guerra, no hay ninguna obligación de proporcionar compensación directa a las personas detenidas en virtud de la ley de la guerra por su detención”.
Luego de esto siguió un diálogo algo confuso entre la portavoz Harf y el periodista, donde la funcionaria no entendía el alcance de las preguntas sobre una probable ayuda financiera que podría ser a los países que aceptan reubicar a los ex detenidos:
Periodista: Se ha ayudado a reinstalar a estas personas, algunos países han recibido alguna suerte de ayuda para reinstalarlos. ¿Esto fue parte del acuerdo con Uruguay?
Harf: Bueno, yo respondí la pregunta sobre compensación hacia ellos. Puedo chequear cuáles han sido nuestros intercambios diplomáticos con los países que han acordado recibir exdetenidos, que es una pregunta bastante diferente.
Por ahora Uruguay es el que paga
Según ha informado el diario El País de Montevideo, los recursos que se ofrecen a los refugiados en el marco del convenio que por ahora cinco rehúsan firmar, provienen del Presupuesto Nacional del Estado uruguayo. El borrador de este compromiso establece que a los refugiados se les pagará el primer año de un alquiler, muebles, electrodomésticos y parte de los gastos y tributos durante ese lapso. El subsecretario de Relaciones Exteriores, José Luis Cancela, confirmó en el programa Claves políticas Nuevo Siglo que el Estado se hará cargo de los gastos previstos en el acuerdo, dice la nota periodística.
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