Santamaría recuerda que fue Susana Díaz quien convocó a elecciones cuando no era obligado

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la Ministra de Fomento, Ana Pastor (Moncloa)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la Ministra de Fomento, Ana Pastor (Moncloa)
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de España, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría se ha referido este viernes a varios temas de actualidad en respuesta a las preguntas de los periodistas en el palacio de La Moncloa:
A propósito de las dificultades con las que se está encontrando Susana Díaz para lograr la investidura como presidenta de la Junta de Andalucía, la vicepresidenta del Gobierno ha señalado que “el Gobierno no es quien para decirle a ningún partido lo que tiene que hacer”. “No vamos a interferir”. Corresponde a la candidata, que decidió convocar elecciones cuando no era obligado, ser consecuente con su decisión, asumir la responsabilidad y “trabajar para lograr un gobierno estable”, ha concluido.
Elecciones en el Reino Unido
Ante triunfo electoral del Partido Conservador en el Reino Unido, Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que refleja los logros de las políticas reformistas de David Cameron y que, como es propio entre “países socios y amigos”, se continuará trabajando en el fortalecimiento de las relaciones hispano británicas.
El castellano como lengua vehicular en Cataluña
Sobre la enseñanza en castellano como lengua vehicular en Cataluña, la portavoz del Gobierno ha recordado que el Ejecutivo actúa en el marco del respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos y de las resoluciones judiciales. El sistema educativo, ha dicho, “debe formar ciudadanos en libertad. Para nosotros las lenguas cooficiales son lenguas de España”. “La libertad de padres y alumnos es fundamental y debe ser respetada. Cómo ha de llevarse a cabo lo deciden los Tribunales, que han sido muy claros”.
Reforma de las Administraciones Públicas
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que implantarán “una Administración electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple, según ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
La vicepresidenta ha apuntado que esta norma favorece las relaciones de la Administración con los ciudadanos y con las empresas. En este sentido, prevé la apertura de un registro electrónico para que los ciudadanos puedan realizar trámites cualquier día y a cualquier hora, y simplifica los medios de identificación y de firma electrónica.
Sáenz de Santamaría ha subrayado que el ciudadano que lo desee podrá dejar su número de móvil para que le lleguen notificaciones por parte de la Administración. Además, no será preciso que presente fotocopias de documentos porque, al estar registrados electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite.
Las empresas se relacionarán, obligatoriamente, de forma electrónica con todas las Administraciones, como vienen haciendo ya con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional, lo que les permitirá planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
La norma favorece la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones. Al respecto, la vicepresidenta ha indicado que las comunicaciones entre administraciones serán íntegramente electrónicas por lo que se el procedimiento será más ágil.
Para ganar en transparencia, ha añadido, “se crea un inventario único y público de todos los organismos y entidades vinculadas o dependientes de todas las administraciones” que permitirá conocer qué empresa u organismo público depende de cada una. También se creará un registro estatal con el listado de órganos de cooperación en los que participe la Administración General del Estado y de todos sus convenios.