
La fiscal explicó, a su manera, una interpretación distinta a lo que dice las leyes venezolanas que si permiten la figura del asesor o “consultor técnico”, calificando que esa condición es para una experticia previa y no para el juicio mismo, cuando el mismo ya se está desarrollando.
Señaló a un programa de entrevistas de Televen que esa asesoría es para “aquellas personas que con su oficio colaboran, por ejemplo, en observar una experticia, y los expresidentes no reúnen los requisitos exigidos ni por la ley del ejercicio de las profesiones en Venezuela, y mucho menos las exigidas por el COPP”.
Aseguró que no es un delito si ellos van a Venezuela si el gobierno lo permite y pueden intervenir si lo hacen desde afuera y no desde el mismo juicio.









