El Ministerio Público de Venezuela que no oculta que trabaja a las órdenes del gobierno, acusó a Antonio Ledezma Díaz (59), alcalde metropolitano de Caracas, por presuntamente apoyar a grupos que pretendían desestabilizar el país a través de acciones violentas.
La Fiscal general de la República, la ultrachavista Luisa Ortega Díaz que siempre defiende los intereses del entorno gubernamental, es quien trasmite a sus fiscales subalternos las órdenes de Maduro para acusar a diestra y siniestra.
El fiscal 16° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), José Luis Orta, acusó a Ledezma por los delitos de conspiración y asociación, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En el escrito presentado ante el Tribunal 6º de Control del AMC, el fiscal solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Ledezma Díaz, así como que se mantenga la medida privativa de libertad contra el burgomaestre.
El alcalde se encuentra recluido en condiciones desconocidas en la sede del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en Los Teques, estado Miranda, por orden de la referida instancia judicial, tras serle dictada una medida privativa de libertad.
Ledezma Díaz fue aprehendido en forma violenta por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el 19 de febrero de este año en la urbanización El Rosal, municipio Chacao del estado Miranda.
Sobre este hecho ya han aparecido reacciones oficiales como la del gobierno uruguayo, que a través de su canciller Nin Novoa, ha señalado “En Uruguay sería impensable que un día un gobierno se llevara a un intendente (alcalde) de su despacho con fuerzas policiales, derrumbándole la puerta poco menos y a los empujones. Se lo dijimos a la canciller venezolana y al propio embajador. Acá si hay algún problema con la justicia, se lo cita a un juzgado, va y declara y se cumple con las garantías del debido proceso”.
Jordi Almuena
Opinión
