Catalá señaló que “A mi me han preguntado como se puede garantizar la confidencialidad en las investigaciones judiciales y yo he hecho una consideración sobre que, cuando participan distintas personas o instituciones, garantizar la confidencialidad es muy difícil y por lo tanto de alguna manera es, prever las sanciones adecuadas para quien lleva a cabo esa filtración de información esté sometido a proceso judicial declarado secreto, pues tenga una respuesta penal”.
El ministro agregó que “es una conducta ilícita y por lo tanto que tenga esa consecuencia penal”, pero a la vez puntualizó que “eso no está en nuestro ordenamiento jurídico. Yo lo que he dicho es que podríamos someter a debate y a reflexión donde hay que poner los controles, si en la trasmisión de la información o en el medio que la publica”.
Catalá aclaró que “simplemente ha sido mi consideración” e insistió en que “esto no está en nuestra reforma legislativa; no está en el marco jurídico actual”, subrayó.
En el ámbito penal, Catalá ha insistido en la necesidad de eliminar la falsa, pero dañina, sensación de impunidad que la lentitud de los procesos proporciona en los casos de corrupción. La solución pasa por la introducción de reformas como el cambio de las reglas de conexidad de los delitos investigados, el establecimiento de unos plazos de instrucción y una estrecha colaboración entre juez instructor y fiscal, explicó
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