Sánchez Céren: "el principal responsable de garantizar la seguridad de las personas es el gobierno”

El presidente Salvador Sánchez Céren reiteró el compromiso de su gobierno para frenar la inseguridad y la violencia en el país, asegurando que el Ejecutivo trabaja de forma ardua y en directa coordinación con la Policía Nacional Civil para impulsar mecanismos efectivos contra las bandas delictuales que operan en el país.
“El principal responsable de garantizar la seguridad de las personas es el gobierno y por eso estamos trabajando con la Policía Nacional Civil, estamos valorando utilizar más unidades del ejército para garantizarle más tranquilidad a la población”, sostuvo.
En este sentido, el jefe de Estado advirtió que aquellas personas que infrinjan la ley y que atenten contra la seguridad, libertad y vida de las personas, el gobierno no dudará en aplicar la ley con toda su rigurosidad.
“A aquellos que atentan contra la vida de las personas les va a caer el peso de la ley, en eso estamos trabajando”, subrayó el mandatario, señalando que “lo más valioso de un ser humano es la vida”.
El gobierno de El Salvador contempla un conjunto de medidas que serán presentadas este mes para hacer frente a la ola de violencia registrada recientemente, las cuales han sido elaboradas en coordinación con los órganos Legislativo y Judicial, así como con la Fiscalía General de la República. Dichas medidas serán ejecutadas en los ámbitos de represión y persecución del delito, prevención y rehabilitación.
Legalización de propiedad
Por otra parte el Mandatario salvadoreño hizo entrega de escrituras de propiedad a 110 familias, que les dan seguridad jurídica sobre sus inmuebles tras una espera de 40 años. Las escrituras forman parte de un proceso de legalización de tierras iniciado en 2012 encabezado por el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) y el Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP).
Este proceso de legalización requirió una inversión de 58 mil quinientos dólares, con fondos provenientes del gobierno y del Programa de Vivienda Fase II del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“La legalización de terrenos es un paso importante que abre la puerta para para gestionar oportunidades de inversión pública y privada para el desarrollo económico y social de la comunidad”, afirmó.