Las FARC señalan en su comunicado que “No se puede negar que los hechos ocurridos en la noche del 14 de este mes en la vereda La Esperanza, municipio de Buenos Aires, Cauca, no haya sido una tragedia. Y lo fue, porque la guerra es una enorme tragedia. En nuestra patria, una tragedia de más de medio siglo. Precisamente por esto nos encontramos en La Habana”.
Los guerrilleros preguntan, “¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedieron los hechos del 14? Estos interrogantes parecen no ser de la incumbencia de esas clases que conforman el régimen. Y con el poder de los medios en sus manos envenenan al país sin permitir que se establezca con serenidad la verdad de lo ocurrido. Porque no puede haber juzgamiento certero de ninguna naturaleza si de lo que se trata es de envenenar los ánimos y con ello obstaculizar el camino hacia la paz”.
Luego de cuestionar las actuaciones del gobierno colombiano, señalan:
“Ahora bien: No vamos a caer en la trampa tendida por quienes interpretan a sus anchas y capricho aquel aparte de nuestra declaración del día 17 de diciembre que señala que la tregua llegaría a su fin de constatarse ataques a las estructuras guerrilleras. Sabemos distinguir entre provocar, incitar, hostigar y azuzar, para lograr un fin dañado, y la necesidad imperiosa y el deber de darle una oportunidad al pueblo todo de reconstruir la nación. Como estamos muy en serio caminando el sendero de la paz, no vamos a ponerla en peligro por darle gusto a quienes miden sus éxitos regresando la situación a fechas anteriores al día en que ordenamos a toda las estructuras de las FARC, mantener en silencio sus armas, eso sí, quedando alertas. Por tal motivo, en el día de hoy reiteramos la decisión tomada en diciembre del 2014. Mantenemos entonces el CESE UNILATERAL AL FUEGO Y A LAS HOSTILIDADES POR TIEMPO INDEFINIDO, mientras no seamos objeto del asedio permanente de las tropas. Hay que entender que hay acciones ofensivas que se despliegan en el marco de la legítima defensa.
Llamamos la atención del país para que el cese in situ que hoy se reitera para ser mantenido por las estructuras de las FARC en todo el país, goce de una veeduría. Es de la naturaleza del cese del fuego y hostilidades que esta se cumpla. Su éxito radica allí. Hay mecanismos para hacerla. ¿Cuál puede ser el argumento para que un cese al fuego y de hostilidades no pueda gozar de una veeduría que evite muertes como las acaecidas el 14 de este mes? Tiene la palabra el gobierno.
Para garantizar el buen desarrollo de las conversaciones con el propósito de culminar exitosamente lo trazado en el Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, verdadero Marco Jurídico para la Paz firmado en La Habana el 26 de agosto de 2012, por los plenipotenciarios de la partes y representantes de los países auspiciadores, se necesita, al decir del argot popular, “templar los nervios”; a la vez, impedir que los intereses partidistas de coyuntura como son las elecciones de octubre próximo, infecten los diálogos; que los odios nacionales que se perciben en todo escrito, en toda declaración, en todo comentario, se depongan; y que la paz sea de todos y para todos, en el buen entendimiento de que al ser el Estado el centro de la responsabilidad de lo acontecido durante los últimos sesenta años, como se desprende claramente de la historia reciente de Colombia y de quien no quiera tapar el sol con un dedo, para la tranquilidad de todos, para alcanzar la verdad de lo acontecido, y por ser un derecho de las víctimas, lo mejor es que el Presidente Santos y su gobierno se apresten a estudiar serena y patrióticamente el cese bilateral sin dilaciones ni temores. Sabe bien el gobierno que las principales consignas levantadas por los marchantes del 9 de abril se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin al desangre, la necesidad de entablar conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y la viabilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos alcanzados. Con ese mismo sentimiento de la muchedumbre decimos: No más muertos. No más. Y que para el bien y conocimiento de todos los compatriotas de lo ocurrido en los últimos sesenta años, que se abran los archivos. ¡Que se abran los archivos!
Como bien lo afirma el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, “cada vez el gobierno parece más empeñado en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros. Han sido múltiples e incisivas las posturas públicas del Presidente Santos al respecto, en las cuales no deja de leerse cierto dejo de advertencia final.
O nos mostramos dispuestos a aceptar esa condición que nunca fue pactada como premisa de las conversaciones, o debemos tener claro que no será posible la firma de ningún acuerdo. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, nos han repetido siempre”. Entonces preguntamos ¿Para qué el proceso? ¿Para llevar a Colombia a la paz y a la reconciliación, o para conducir a la insurgencia a los tribunales? Hay que persistir en las conversaciones. Estas no pueden romperse por ningún motivo”.
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