Quito, (Andes).- La Fiscalía anunció que formuló cargos contra 11 gendarmes por paralizar los servicios públicos en la provincia andina de Chimborazo el pasado 30 de septiembre de 2010 (30-S), durante la revuelta policial que dejó 10 fallecidos y al menos 300 heridos.
El juez de la unidad penal de la provincia dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva contra los policías en servicio pasivo que están siendo procesados y deberán presentarse una vez al mes ante las autoridades mientras dura la instrucción fiscal.
A los agentes se los acusa de supuestamente haber paralizado las actividades en el Comando Policial de Chimborazo durante la violenta revuelta.
Según datos de la Fiscalía, hasta la fecha han sido procesadas 620 personas por los hechos ocurridos el 30-S, de los cuales 139 han sido sentenciados.
El Ministerio Público ha realizado 70 audiencias. Además, 24 casos están en indagación previa. De estos, cuatro están abiertos por tentativa de golpe de Estado, cuatro por asesinato, dos por tentativa de asesinato, uno por plagio, dos por rebelión, uno por incitación a la rebelión, uno por insubordinación, y nueve indagaciones por definir.
En el mismo caso, el sábado pasado comenzó la audiencia de juzgamiento a 75 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y la Unidad Canina de la Policía por la paralización de servicios del Aeropuerto Mariscal Sucre en el 30-S. Está previsto que la audiencia, en la que han sido convocados unos 300 testigos, dure entre uno y dos meses.
El 30 de septiembre de 2010, un grupo de policías se sublevaron inicialmente reclamando mejoras en temas laborales, pero después las protestas derivaron en acciones violentas que pusieron en riesgo la vida del presidente Rafael Correa. El mandatario fue retenido en un hospital policial por más de ocho horas y fue necesaria la intervención del Ejército para rescatar al jefe de Estado.
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