Desde diversos ámbitos opositores se preparan actos de rechazo a las visitas de Nicolás Maduro y Raúl Castro, que llegarán a Uruguay para asistir al cambio de mando presidencial el próximo 1 de marzo, donde Mujica entregará el gobierno a su sucesor Tabaré Vázquez.
Colectivos vinculados a ciudadanos venezolanos y cubanos en el exilio, invitan desde las redes sociales a concurrir el domingo 1º de marzo a la hora 13 al Obelisco de Montevideo, a manifestar el rechazo a la visita de Maduro y Raúl Castro.
A nivel de los políticos de la oposición uruguaya, se ha cuestionado al oficialista Frente Amplio por el respaldo que se la ha dado al régimen chavista.
El líder de Alianza Nacional, el senador Jorge Larrañaga, dijo: “El Gobierno de Mujica calla. El FA apoya a Maduro. La libertad se defiende o se pierde. Que “cambalache” es todo esto!”
El senador colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) escribió en Twitter: “Por un momento, pensé que habían cambiado; pero no; siguen en la misma. Lo político sobre lo jurídico y los derechos de las personas”, aseguró Bordaberry en referencia a una frase utilizada por el presidente José Mujica durante su administración y agregó: “Haremos sentir nuestro rechazo al Sr. Maduro si viene al Uruguay”.
El senador del Partido Colorado, José Amorín Batlle señaló: “Nosotros respaldamos Libertad y República para Venezuela. El FA respalda al gobierno de Maduro. #FueraMaduroDeUruguay” y luego escribió: “Mujica y FA respaldan a Maduro y nuevo Gobierno no toma posición.Actitudes así no las merecen ni Uruguay ni Venezuela”.
Por su parte el senador Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional dijo en la red social: “Vergüenza. El partido de gobierno mide las acciones anti democráticas según su amistad y conveniencia. !No respaldamos este atropello!”.
El senador del izquierdista Partido Independiente, Pablo Mieres, ha pedido la comparecencia del canciller Luis Almagro para que informe sobre la posición del gobierno ante la detención del alcalde de Caracas por las autoridades venezolanas.
Para Mieres, el arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, supone “una notoria afectación del Estado de Derecho y del funcionamiento democrático” de Venezuela.
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