México anuncia conjunto de medidas para prevenir la corrupción

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Enrique Peña Nieto corrupción
El presidente de México, Enrique Peña Nieto anunció un conjunto de medidas y acciones que tienen por objetivo prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés en el país, además de propiciar un marco regulador moderno que garantice con políticas públicas efectivas que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados.
“La corrupción en México es un problema estructural que entre todos debemos enfrentar. No hay excusa para dejar de tomar acciones decididas. Por ello, como Presidente de la República, tengo la convicción de fortalecer la legalidad y atacar la corrupción”, dijo Peña Nieto.
Ante esto el jefe de Estado dijo que se ordenó a la Secretaría de la Función Pública, tomar las medidas necesarias para que, a partir de mayo de este año sea obligación de los servidores públicos federales, presentar una “Declaración de Posibles Conflictos de Interés”.
Dentro de la Secretaría de la Función Pública, se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, que también deberá articular las actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, de cada dependencia o sector.
Asimismo se emitirán Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública Federal, que amplíen y profundicen los actuales Códigos de Ética, y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción.
Se establecerán Protocolos de Contacto, entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
Además se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites y Servicios del Gobierno. . Esto reducirá espacios potenciales de corrupción, al eliminar la interacción entre funcionarios federales y particulares.
Por último se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción. La participación activa de los ciudadanos es fundamental, para identificar procesos y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción.