El juez señala que en el caso de no depositar la fianza en el plazo de tres días, se procederá al embargo de los bienes.
En la Resolución judicial se señala: “De esta forma, la aplicación para usos propios que se hizo del saldo de tales tarjetas, en cuanto supuso la aplicación del mismo a fines que no le eran propios, supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto del retributivo, no justificadas ni contractual ni funcionalmente, sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, disposición contractual o acuerdo alguno formalizado, ni órdenes o decisiones adoptadas por ningún directivo en las que se encuentre soporte o sustento que justifique la existencia, la entrega y la operativa de dichas tarjetas, y sin que se produjera por parte de los imputados el necesario control o supervisión respecto a los gastos que el uso de dichas tarjetas de crédito generaron”.
Más adelante expresa el auto del juez Andreu: “El Ministerio Fiscal ha preguntado recurrentemente a los imputados sobre la aprobación, en las reuniones del Consejo del Informe de Gobierno Corporativo, en donde, entre otras cuestiones, se deben reflejar las retribuciones que, por todos los conceptos, reciben los miembros del Consejo de Administración, y ninguno de ellos ha manifestado haber tenido la más mínima preocupación en conocer sobre si los gastos ocasionados por el uso de las tarjetas se incluían en este apartado, o en cualquier otro concepto”.
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