El deterioro del Poder Judicial en Venezuela

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Interpretación gráfica de José L. Rondán
Interpretación gráfica de José L. Rondán
El presidente Nicolás Maduro, destacó este lunes que Venezuela cuenta en la actualidad con un Poder Judicial “respetable, de calidad, preparado y muy consciente del papel que debe jugar”, con lo cual saludó la presentación del informe de gestión de este poder correspondiente al año 2014.
“Creo que nunca antes se tuvo un Poder Judicial de las características que hoy tenemos”, señaló el jefe de Estado.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el mandatario nacional también resaltó que la institución tiene grandes tareas, entre ellas la lucha por la ética bolivariana y socialista.
“Quería transmitirles mi admiración por el trabajo que ustedes hacen. Realmente se respiran otros aires en este Poder Judicial que se va levantando en el siglo XXI”, dijo el Presidente.
Igualmente, el jefe de Estado resaltó que este poder está llamado a acelerar los cambios estructurales para estar cada vez más al servicio del pueblo, dijo en declaraciones que publica el portal del gobierno AVN.
Un Poder Judicial sumiso al Gobierno
Tal vez Maduro cree que el resto del mundo no ve lo que sucede en realidad en Venezuela y que nadie se da cuenta que la Justicia en ese país no es independiente y que los magistrados están sujetos a las órdenes del gobierno chavista incluida la Fiscalía que siempre acusa a favor del Poder Ejecutivo.
Un informe actual de la organización internacional Human Rights Wacht (HRW), es contundente al alertar sobre la fuerza excesiva contra manifestantes desarmados, la falta de independencia del Poder Judicial, problemas de libertad de expresión, etc.
HRW señala que “Miembros de la Corte Suprema han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, adhiriendo públicamente su compromiso a avanzar la agenda política del Gobierno y repetidamente fallando a favor del Gobierno, validando su indiferencia por los derechos humanos”, detalla el informe.
Si no fuera trágico, serían para reírse las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez sobre las acusaciones, cuando dice: “El Estado venezolano denunciará ante instancias internacionales la campaña mediática continuada contra el país que pretende mostrar a Venezuela como un Estado fallido para justificar una intervención extranjera, basándose en falsas acusaciones de narco-Estado e irrespeto a los Derechos Humanos”. ¿Quién puede tomar en serio esta pretensión? Nadie; solo los compañeros del club ideológico de la región.
Pero esto no es todo; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, ratificó este lunes el compromiso de los magistrados que integran el TSJ con el ejercicio y promoción de los derechos humanos y los principios fundamentales que consagra la Constitución Nacional. Indudable que habla solo para los amigos y no para el pueblo venezolano.
“Tenemos la convicción y disposición para permanecer contribuyendo con el desarrollo integral de la nación y el perfeccionamiento del Estado social y democrático de derecho y justicia y de la mano del pueblo que nos ha distinguido con su invaluable confianza”, dijo Gutiérrez Alvarado, tal vez creyendo que era verdad lo que decia.
El presidente de Venezuela no mide sus palabras; dice cosas que luego se vuelven en su contra y que con claridad reflejan la situación precaria en la que está el Poder Judicial en ese país.
En una de las tantas intervenciones diarias aseguró que “ni derrocándolo” saldrán en libertad “los fascistas” que están presos y con eso envió un claro mensaje a la Justicia, que sin dudas “acatará” la decisión de Nicolás Maduro de no liberar a los opositores: “Yo estoy aquí por el pueblo, ni derrocándome a mí saldrían los asesinos, que lo sepa el imperialismo”, subrayó.
Es indudable que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Gladys Gutiérrez y los demás magistrados, no quieran seguir el camino de la valiente jueza María Lourdes Afiuni, que fue detenida por el régimen chavista en diciembre de 2009, encarcelada y violada, por dejar en libertad al banquero Eligio Cedeño, por actuar con imparcialidad, siguiendo una recomendación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero principalmente porque no habían pruebas en su contra.
“En nueve años el TSJ no ha dictado ni una sentencia contra el gobierno”
El diario El Nacional, publicaba el 1º de diciembre de 2014 bajo el título: “En nueve años el TSJ no ha dictado ni una sentencia contra el gobierno”, un artículo donde revela que “Desde 2005, cuando el oficialismo tomó el control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia, se han dictado 45.474 sentencias en las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, que están encargadas de controlar los actos del gobierno. Los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giussepe Graterol las analizaron una a una. Las conclusiones de la investigación están vertidas en el libro: El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013), y revelan que en ningún caso el máximo tribunal ha fallado en contra del oficialismo”.
El artículo agrega que, “La Sala Constitucional nunca condenó al Presidente de la República por haber violado un derecho constitucional. En nueve años de un transitar político conmocionado y polémico, que ha tenido consecuencias palpables en la vida de muchas personas (asesinadas, encarceladas, exiliadas, perseguidas, despedidas), no deja de sorprender que en ninguna ocasión haya declarado con lugar un amparo constitucional ejercido contra el Presidente”, se indica en el libro que ya está a la venta en las librerías”.