El informe del Estado de la Pobreza en España de 2009 a 2013 que fue conocido este martes a través de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) donde se analiza la evolución del indicador europeo AROPE. señala que transcurridos ya más de cuatro años desde la formulación de los objetivos europeos especificados en la Estrategia 2020, el seguimiento del indicador AROPE y sus componentes muestra que en España no sólo no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que, por el contrario, ha aumentado enormemente.
Las cifras actuales indican un 27,3% de población AROPE que supone en términos absolutos unas 12.866.000 personas. Si el objetivo era disminuir en un millón cuatrocientas mil personas la población en riesgo de pobreza y/o exclusión, ahora será necesaria una reducción de más de 2,7 millones de personas en los próximos seis años.
La Privación Material Severa ha aumentado un 38% (del 4,5% al 6,2%), lo que significa, entre otras cosas, más personas que tienen dificultades para alimentarse adecuadamente, más personas donde se retrasa el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, más personas que no pueden mantener su vivienda con temperatura adecuada y más personas que no tienen ninguna capacidad para afrontar algún gasto imprevisto.
La población que vive en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) se ha más que doblado desde 2009 y, alcanza, en 2013, al 15,7% de la población entre cero y 59 años, lo que, en términos cuantitativos, supone 5.694.683 personas.
La reducción de la pobreza experimentada en el año 2013 no se debe, como podría parecer intuitivamente, a un mantenimiento o mejora de las condiciones de vida de la población, sino a un efecto estadístico producido por la reducción generalizada de los ingresos.
La pobreza de los menores de 16 años es del 26,7% en 2013, más de seis puntos porcentuales por encima de la tasa que corresponde al conjunto de la población.
En el año 2013 había un 11,7% de trabajadores en situación de pobreza, lo que viene a demostrar, una vez más, que no cualquier trabajo protege de la pobreza.
La población inmigrante, especialmente la extracomunitaria, soporta tasas mucho más elevadas que la población nacional.
El aumento de la desigualdad se ha intensificado entre los años 2009 y 2012. Así lo demuestra la evolución fuertemente creciente del Índice de Gini, que se había mantenido relativamente constante entre 2005 y 2008.
En conjunto, desde el año 2009, el Índice de Gini se ha incrementado en 8 décimas para situarse en 33,7 puntos. Además, la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población con mayores ingresos multiplica por 6,3 la percibida por el 20% con menos ingresos (S80/S20).
Desde un punto de vista territorial, el estudio de los datos muestra una gran desigualdad entre las diferentes Comunidades Autónomas, tanto en lo que se refiere al indicador AROPE como a cada uno de sus componentes.
En general, el norte soporta tasas menores de pobreza y/o exclusión social, en todos los casos por debajo de la media nacional; y el sur, mayores. Por ejemplo, en los extremos, Navarra, País Vasco y Aragón tienen tasas inferiores al 20 %, y Canarias Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, mantienen tasas entre el 35% y el 39%. Caso especial es la Ciudad autónoma de Ceuta, en la que casi la mitad de su población (47%) se mantiene en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Respecto a la privación material severa, se señala la gran variabilidad de la tasa de Privación Material Severa en los distintos territorios, que oscila entre el 0,6% de Navarra y el 15,3% en Ceuta.
Durante los años de la crisis, la población en privación material severa ha crecido más de 800.000 personas, totalizando casi 3 millones de personas.
El número de personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo ha subido en todas las comunidades autónomas durante el periodo de crisis, excepto en Ceuta, en la que ha descendido el 0,6%. Tasas muy superiores a la media tienen las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En conclusión, el aumento de la desigualdad que muestran todos los indicadores hasta el año 2012, revela que la crisis ha golpeado con mayor dureza a la clase media y a los grupos sociales más desfavorecidos, demostrando la debilidad de las políticas sociales implementadas.
Por otra parte, en este momento, en que los indicadores parecen anunciar que se acerca el fin de la crisis, es importante recordar que los resultados económicos en los años de crecimiento no se trasladaron a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, lo cual, de no mediar actuaciones de redistribución decididas, se consolidará en el futuro la pérdida del Estado de Bienestar.
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