El representante Especial para Asuntos Comerciales y Empresariales del Departamento de Estado, Scott Nathan, aseguró que las autoridades de Estados Unidos están trabajando para que el Congreso apruebe los recursos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad.
“Estamos trabajando para que el Congreso y Senado aprueben los recursos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad”, dijo el representante norteamericano, al tiempo de argumentar que su país tiene la voluntad política para seguir abriendo los mercados en la región.
Las declaraciones las realizó el representante de gobierno en el marco de su participación en el Primer Encuentro de la Alianza por la Prosperidad del Triángulo Norte, que se realiza en Tela, Honduras, donde dijo que el encuentro significa que se están generando cambios en la región, al tiempo que aseveró que está muy refrescado de ver que el Triángulo Norte tiene mucha ambición para cambiar la situación de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Por otra parte el funcionario estadunidense destacó las directrices de este programa de desarrollo regional, asegurando que genera los mecanismos adecuados para fortalecer e impulsar el desarrollo y bienestar de los ciudadanos, además de representar el cambio que se debe dar para continuar trabajando entre los gobiernos, empresa privada, cooperación internacional y liderazgo político.
“Los tres presidentes (Honduras, Guatemala y El Salvador) han confirmado su liderazgo y su rol es quitar los obstáculos, generando cambios desde el sector privado, generando ingresos al Gobierno, y la población productiva, para reducir la pobreza, con salarios mínimos y con oportunidades a los trabajadores”, acotó.
Asimismo abogó por el trabajo conjunto y organizado en el desarrollo del Plan de la Alianza para la Prosperidad y “la conversación no debe de terminar en solamente hablar, sino en acción, pues Estados Unidos ve mucho potencial en Centroamérica”, puntualizó.
El Plan de la Alianza para la Prosperidad fue iniciativa de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) a raíz de la migración irregular y desmedida que se registró en 2014. El proyecto es apoyado directamente por el Gobierno de Estados Unidos y México, así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Cuenta con cuatro ejes que son la promoción del sector productivo, desarrollo de oportunidades para la población, mejorar las condiciones de seguridad y justicia pública y fortalecer las instituciones del Estado.
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