España adecuará normas para enfrentar desafios del terrorismo y la ciberseguridad

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional que pretende adecuar el sistema actual a los nuevos riesgos y amenazas para los ciudadanos. Asimismo, la norma contempla actualizar las estructuras existentes para fortalecer la prevención y respuesta antes situaciones de crisis.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha recordado que el texto tiene su origen en la Estrategia de Seguridad Nacional 2013. El sistema estará bajo la dirección del presidente del Gobierno, al que apoyará el Consejo de Seguridad Nacional. En la elaboración del documento, que se remitirá al Consejo de Estado para su dictamen, han participado los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Defensa, Interior y Presidencia.
Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que “la finalidad del Sistema de Seguridad Nacional es el funcionamiento óptimo, flexible e integrado de todos los recursos de que dispone el Estado para garantizar la seguridad y libertad de los ciudadanos y la defensa de nuestros valores democráticos”.
En este sentido, ha argumentado que la futura ley orgánica ofrece un enfoque integral de la seguridad nacional y una mejor coordinación entre organismos y administraciones ante desafíos como la ciberseguridad y amenazas como el terrorismo, las catástrofes naturales o la vulnerabilidad energética: “La norma detalla el sistema orgánico-institucional definiendo qué competencias tiene cada órgano superior y cada autoridad”.
Situaciones de interés para la Seguridad Nacional
Una novedad recogida en el anteproyecto es la regulación de la situación de interés para la Seguridad Nacional, que cubre el vacío normativo existente entre las crisis más graves, en las que se pueden adoptar los estados de alarma, excepción y sitio, y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales.
La vicepresidenta ha explicado que la situación de interés la adopta el presidente del Gobierno y responde a las circunstancias que requieren, por su gravedad potencial, una mayor coordinación, cantidad de medios y atención sobre el asunto, pero que no supone la necesidad de declarar de los estados constitucionales de alarma, excepción y sitio.
En este punto, ha aclarado que “en ningún caso la adopción de una declaración de interés para la seguridad nacional comporta la suspensión de ningún derecho fundamental ni de ninguna libertad pública”.
Sáenz de Santamaría ha resaltado que el anteproyecto estudiado hoy completa y da continuidad “a las políticas y a la Estrategia de Seguridad Nacional que ha emprendido el Gobierno desde el principio de la legislatura”.