Los senadores chilenos Alberto Espina, Hernán Larraín, José García Ruminot y Baldo Prokurica gestionan una moción que busca otorgar mayores facultades a la policía del país, a fin de establecer mejores mecanismos que permitan luchar de forma efectiva contra la delincuencia.
“Disminuir la delincuencia en los términos que la ciudadanía espera de las autoridades sigue siendo una deuda pendiente. La experiencia demuestra que para lograr cumplir este objetivo con éxito se debe abordar con políticas de Estado, entendiéndose por estas aquellas que perduran en el tiempo, más allá de los gobierno y que son objeto permanente de evaluaciones para perfeccionarlas”, aseguraron los senadores en un comunicado de prensa.
En esta línea las autoridades legislativas plantean la necesidad de establecer el control preventivo de identidad por parte de Carabineros de Chile de una forma distinta a la que se ejerce en la actualidad, tipificando y especificando la normativa.
“La disímil interpretación que se ha efectuado en relación con la naturaleza y fines del control de identidad a saber de si es un instrumento preventivo o sólo investigativo, así como de la naturaleza y alcance de los “indicios” que deben existir para que dicho control sea procedente y legítimo, ha llevado a que Carabineros de Chile se encuentre, en muchos casos, imposibilitado de cumplir con su deber legal y constitucional en relación con su carácter de policía preventiva”, reza la nota de prensa.
Asimismo proponen aumentar la facultad de la policía para practicar de inmediato las primeras diligencias de investigación de un delito, como por ejemplo interrogar a los testigos ya sea un delito flagrante o no.
Por otra parte insta a permitir que la Policía, aun cuando hayan transcurrido más de 12 horas desde que se cometió el delito, pueda detener a un delincuente cuando su participación quede en evidencia en fotografías o grabaciones, es decir, en medios visuales o audiovisuales con el objeto de ser puesta a disposición del Fiscal.
Además la moción propone permitir que el fiscal y las policías puedan detener a un delincuente que confiesa libremente un delito, sin importar el riesgo de fuga o que tenga domicilio conocido con el propósito de ponerlo a disposición del Fiscal.
Por último prevé facultar a los Jueces para que puedan considerar como causal de peligro de fuga y disponer la prisión preventiva de un detenido, cuando éste ha tenido reiteradas detenciones por crímenes o simples delitos, a fin de evaluar la peligrosidad sin afectar la presunción de inocencia.
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