La magistrada, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, encomendó a la Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria, considerando que estos presuntos delitos por los que se les acusa son considerados como de lesa humanidad, por lo que no prescribirían.
La jueza sostiene en su resolución que: “Los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal, por las consideraciones que fueron vertidas a lo largo de esta resolución”.
Entre los españoles cuya detención se solicita para ser extraditados a la República Argentina, figuran funcionarios del franquismo como el ex ministro de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979; Rodolfo Martín Villa, y ex ministro-secretario general del Movimiento, José Utrera Molina.
Sobre Martín Villa pesa la acusación por su presunta participación en la muerte de cinco trabajadores en una protesta, según testigos que fueron interrogados por la magistrada argentina en un viaje especial a distintas zonas de España junto a un fiscal que también intervino en la investigación.
José Utrera Molina, es acusado de convalidar con su firma, la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich.
A estos pedidos de captura y extradición se agregan otros 18 españoles: Fernando Suárez González, Antonio Carro Martínez, ex ministro de la Presidencia (1974-1975); Jesús González Reguero, Jesus Cejas Mohedano, Abelardo García Balaguer, ex ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ex ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera Irimo, ex ministro de Hacienda (1973-1974) y ex vicepresidente segundo (1974) que falleció el pasado 24 de septiembre. José María Sánchez Ventura Pascual, ex ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ex ministro de la Presidencia (1975-1977), Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía acusado de asaltar la Iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores; Carlos Rey González, ex miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich.
Entre los integrantes de la Fuerzas Armadas cuya captura se solicita, figuran: Carlos Rey (ex capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército), Antonio Troncoso (ex coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), y a ex miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle. También aparece Abelardo García, médico.
Una jueza cuestionada
La Jueza María Romilda Servini de Cubría, asumió el 19 de noviembre de 1990 el cargo de juez nacional en lo criminal y correccional Nº 1 con competencia electoral, donde fue nombrada por el entonces presidente Carlos Menem. Tuvo a su cargo la causa denominada Yomagate, donde se acusaba a la cuñada del presidente, Amira Yoma, de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Al respecto se le ha imputado a la jueza el haber manejado políticamente la investigación de dicha causa sin atender como correspondía (cajoneando) un pedido de la Justicia Española, más específicamente del Juez Baltazar Garzón para que se encarcele y extradite a la por entonces cuñada del presidente de la Argentina.
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Sentencia completa de la Justicia Argentina
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