España: Tribunal de Cuentas detecta la "excesiva e injustificada" subcontratación en cursos de formación

El pleno del Tribunal de Cuentas de España, ha aprobado el ‘Informe de Fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en relación con el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta’, en el que se analizan las subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, así como a la verificación de la realización efectiva de las acciones formativas por parte de los trabajadores. El ámbito del informe se refiere a la convocatoria de subvenciones estatales, con cargo al ejercicio presupuestario 2010, sin perjuicio de la utilización de información de otras convocatorias anteriores o posteriores.
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (TCu) sostiene que el proceso de concesión de las subvenciones públicas no ha garantizado los principios de transparencia y objetividad promulgados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, donde las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal intervienen en el diseño, planificación, solicitud, concesión y ejecución de los planes de formación.
Entre las principales deficiencias detectadas por el TCu en su informe destacan la excesiva y, en ocasiones, injustificada subcontratación, lo que provoca que determinadas empresas que prestan sus servicios a las entidades beneficiarias se hayan convertido ‘de facto’ en beneficiarias de significativas cuantías de la subvención concedida, en principio, por el Servicio Público de Empleo Estatal a las organizaciones empresariales y sindicales.
En este sentido, se constata que se ha superado el porcentaje de subcontratación establecido en la Ley General de Subvenciones, fijado en un 50%, al comprobar que el 75,6% (227) de los 300 convenios formalizados en los planes de formación de la convocatoria de 2010 superaba ese límite, mientras que en el 25,3% de los mismos (76) se llegó a subcontratar la totalidad de la subvención concedida.
Asimismo, se subraya la necesidad de estudiar la idoneidad de mantener la excepción a la Ley General de Subvenciones, recogida por la Ley 43/2006, para la mejora y el crecimiento del empleo y circunscrita sólo al ámbito de la formación profesional, que permite obviar el principio general de solicitud de tres ofertas a diferentes proveedores para proceder a la subcontratación de las actividades subvencionadas, lo que en la práctica está ocasionando una adjudicación directa a favor de las empresas proveedoras de formación por parte de las entidades beneficiarias de las mismas.
En concreto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) contrató de forma directa, al menos, 4,3 millones de euros sin la solicitud previa de tres ofertas a proveedores diferentes, mientras que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) lo hizo por un importe de 6,1 millones de euros, a lo que en este último caso habría que añadir 1,6 millones de euros imputados a su plan de formación sin formalizar instrumento jurídico alguno entre esta entidad beneficiaria y las empresas subcontratadas. Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) contrató, al menos, 1,1 millones de euros de forma directa, lo que vulnera los principios de transparencia, concurrencia, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, mientras que la Fundación Laboral de la Construcción lo hizo por, al menos, un importe de 12,2 millones de euros.
Por otra parte, en el informe se indica que la Federación Nacional de Clínicas Privadas procedió a subcontratar el 100% de su plan de formación con una empresa proveedora, lo que, a pesar de contar con la autorización previa por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, resulta de difícil justificación a juicio del TCu, ya que convierte a dicha Federación en un mero intermediario.
El reparto previo e igualitario al 50% de los fondos de las subvenciones públicas entre los planes presentados por las organizaciones empresariales y sindicales, respectivamente, contraviene, asimismo, los principios de objetividad, igualdad y no discriminación, puesto que estos planes no se financian en virtud de unos objetivos predefinidos sino en función de la representatividad de la organización solicitante con respecto al resto, obviando las necesidades reales de las empresas, en términos de contribución a la mejora de la productividad y competitividad de las mismas.
El informe subraya también el incumplimiento a la hora de evaluar y medir la calidad de los programas de formación, obligatoria por ley, que se limitó sólo a medir mediante encuestas la satisfacción de los alumnos beneficiarios, sin efectuar un verdadero análisis del impacto de dichas acciones formativas en la mejora de la productividad de las empresas, así como en la empleabilidad de los trabajadores.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones no disponían, según constata el TCu en su informe de fiscalización, de medios internos o sistemas de control horario para determinar, de forma objetiva, el número de horas realmente dedicadas por su propio personal a la ejecución de los planes de formación.
El TCu indica que la ausencia de sistemas de control horario adecuados impide verificar la exactitud del coste en personal de los planes de formación así como de las acciones de apoyo y acompañamiento a la misma, fijado en 2010 en un total de 50,2 y 4,02 millones de euros, respectivamente.
Asimismo, el TCu entiende que los rendimientos financieros de los recursos públicos percibidos por las entidades beneficiarias para la ejecución de los planes de formación y de las acciones de apoyo a la misma fueron muy escasos, en concreto apenas 197.390 euros en relación a 412,3 millones de euros de fondos transferidos para los planes de formación en 2010 y 23.307 euros en relación a un total de 14,1 millones de euros de fondos librados para las acciones de apoyo, ya que de las entidades beneficiarias, tan sólo el 44,67% de las que gestionaban planes de formación y el 30,49% de las que desarrollaron las acciones de apoyo y acompañamiento a la misma, declararon la obtención de dichos rendimientos financieros. Además, ni el Servicio Público de Empleo Estatal ni la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo han requerido a estas entidades beneficiarias los motivos de esta falta de obtención de rendimientos financieros, lo que ha generado un menoscabo en los caudales públicos.
Por último, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo el análisis de las situaciones expuestas en su informe de fiscalización y la posterior subsanación de las deficiencias detectadas.
Entre los objetivos de este informe de fiscalización del TCu se encontraban la verificación del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los fondos públicos empleados, de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad y transparencia, comprobar la realización efectiva de las acciones formativas subvencionadas por parte de las entidades beneficiarias, evaluar los sistemas de seguimiento y control así como los procedimientos de reclamación y reintegro de las subvenciones indebidamente percibidas, aplicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, además de verificar el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, como entidad colaboradora dentro del subsistema de formación profesional.