De acuerdo con la PF, algunos ejecutivos de las siete mayores empresas contratistas del país han mostrado en semanas recientes actitudes sospechosas al prever que podrían ser blanco de una operación policial. El comisario Igor Romário de Paula, encargado de la operación, informó que los investigados pasaban la noche fuera de sus casas y viajaban con frecuencia. Sin embargo, negó que se hayan filtrado informaciones. “Algunos salían del país con frecuencia o dormían en hoteles y apartamentos, con la clara intención de no permanecer [en sus residencias fijas]. Eso lo comprobamos hoy cuando encontramos a algunos de ellos en otras ciudades”.
Informó también la Policía Federal, que los ejecutivos detenidos el viernes participaron directamente en la firma de contratos con Petrobras. Otros blancos de la operación tuvieron una participación secundaria o actuaban en la transferencia de fondos obtenidos ilícitamente a cambistas, que posteriormente realizaban operaciones de lavado de dinero.
Durante la séptima etapa de la operación Autolavado se emitieron 85 mandatos judiciales y se decretó el congelamiento de bienes valorados en unos US$ 275 millones, pertenecientes a 36 investigados. También se ha autorizado el bloqueo integral de los activos pertenecientes a tres empresas.
Según datos del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), los grupos investigados llevaron a cabo transacciones financieras atípicas por un montante que supera los US$ 3.800 millones. Los implicados responderán ante la justicia por los delitos de organización criminal, formación de cártel y violación de la Ley de Licitaciones, que rige la concesión de contratos públicos en Brasil.
En total, participaron en la operación más de 300 agentes de la Policía Federal, con el apoyo de 50 funcionarios de la Secretaría de Ingresos Federales. (Agencia Brasil)
Opinión
