
En relación con la fórmula alternativa para la celebración de la consulta soberanista en Cataluña, la vicepresidenta ha subrayado que se ha sustituido un procedimiento ilegal por otro, “aún más antidemocrático” y que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, descarga así su responsabilidad en funcionarios y ciudadanos particulares a los que no se puede imponer obligaciones que les “generen miedos, dudas e inseguridades que la Generalitat no quiere asumir por escrito”.
En cuanto a la posible ilegalidad de los actos concretos orientados a la realización de esa consulta, Sáenz de Santamaría ha señalado que el Ejecutivo ha solicitado informe a los servicios jurídicos del Estado para, en su caso, interponer los correspondientes recursos de inconstitucionalidad para “preservar la legalidad y las garantías democráticas”.









