
El decreto, que este viernes se publicará en el Diario Oficial de la Generalidad, se formaliza después de que el pleno del Parlamento escogiera ayer los siete miembros de la comisión de control con 86 votos a favor.
El texto que ha firmado el jefe del Gobierno catalán, destaca que la firma se hace de acuerdo con esta designación del Pleno de la cámara y “a los efectos de la vigencia correspondiente, en virtud de las facultades que me atribuye la Ley 13/2008 , del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno y el resto de normativa de aplicación”.
El jefe del Ejecutivo nombra, por tanto, como miembros de la Comisión de control a: Mercè Barceló y Serramalera, catedrática de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona; Joaquim Brugué Torruella, catedrático de ciencia política y de la administración de la Universidad Autónoma de Barcelona; Alfonso González Bondia, doctor en derecho por la Universidad Rovira i Virgili; Miquel Martín Casals, catedrático de derecho civil de la Universidad de Girona; Marc Marsal Ferret, licenciado en derecho por la Universidad Pompeu Fabra; Jordi Matas Dalmases, catedrático de ciencia política de la Universidad de Barcelona, y Benet Salellas Vilar, licenciado en derecho por la Universidad de Girona.
Manotón de ahogado del Parlament
La mesa del Parlament ha acordado este jueves por mayoría, recusar al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y el magistrado Pedro José González-Trevijano con relación al recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del gobierno de España contra varios preceptos de la ley de consultas populares no referendarias y de participación ciudadana.
La mesa se ha reunido una vez ha terminado el pleno para tramitar la petición que han presentado esta tarde conjuntamente los portavoces de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP para que el Parlamento presente una solicitud de recusación de estos dos magistrados, “debido a los elementos objetivos que acrediten la falta de imparcialidad y de independencia”.
El máximo órgano de gobierno de la cámara ha encargado a los servicios jurídicos que preparen el escrito de recusación para presentar de forma urgente ante el tribunal.









