Reforma de salud, educación e inclusión social son prioridades del presupuesto 2015 en Perú

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Ana Jara Velásquez, aseguró que las acciones del presupuesto fiscal del 2015 se sustentan en un mayor compromiso del Ejecutivo por la educación, la continuidad en el impulso de la reforma de salud y la profundización de la inclusión social.
En esta línea explicó que el gobierno ha dispuesto un incremento del 0,7% del PBI para lograr una educación inclusiva y de calidad en el país, por medio de reformas estructurales que prevén la revalorización de la carrera docente, dotación y mejoramiento de la infraestructura educativa, mejora de la calidad del aprendizaje y gestión de todas las escuelas del país.
Asimismo en el sector salud se contempla la construcción de establecimientos estratégicos y hospitales, así como mayores recursos financieros para el equipamiento de establecimientos de salud a nivel nacional, de manera de garantizar su operatividad y mejores condiciones.
Para el Sistema de Atención Móvil de Urgencias – SAMU, el gobierno nacional espera incrementar en 20% las atenciones de emergencias y urgencias en los establecimientos de salud y la implementación de 34 nuevas ambulancias con personal de salud y equipamiento para la atención de emergencias las 24 horas del día.
Por otra parte la representante de gobierno dijo que se destinarán una serie de recursos para fortalecer los programas de inserción social y desarrollo de los sectores más vulnerables de la población, por lo que se verán beneficiados los niños y niñas a nivel nacional, adultos mayores, jóvenes desempleados, mujeres embarazadas, entre otros colectivos.
Por último la Jefa del Gabinete Ministerial sostuvo que el Presupuesto del Sector Público permitirá fortalecer las acciones de seguridad, orden público, potencializar los recursos humanos de la Policía Nacional, así como para reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, para el mantenimiento y equipamiento de comisarías.
Y en Justicia se prevé las intervenciones de “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”, “Reinserción Social Positiva de la Población Penitenciaria”, y la implementación de la Ley contra el Crimen Organizado. Además para la construcción de centros penales y fiscalías a nivel nacional.