El texto insta al presidente de la Generalitat a convocar la consulta en los términos acordados y “de acuerdo con los marcos legales” ya consultar el pleno del Parlamento “cuando las circunstancias del proceso lo requieran”.
La resolución, presentada junto por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, defiende también expresa la formulación de la pregunta acordada el 12 de diciembre, y determina que impulsen acordes en el pleno “con el máximo consenso” ante “cualquier eventualidad que pueda surgir”, como “un valor esencial para poder proseguir con éxito el proceso colectivo que el país tiene en marcha”. Asimismo, insta al gobierno a “tomar todas las resoluciones oportunas ya destinar todos los recursos y medios técnicos y humanos necesarios para que la consulta se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y de participación posibles”.
El pleno también ha aprobado una resolución conjunta de CiU y ERC que insta al gobierno a planificar la creación de “las estructuras básicas y propias de un estado” contenidas en los trabajos del Consejo Asesor para la Transición Nacional y elaborar “los correspondientes proyectos ejecutivos, legislativos y operativos para poder ser implementados lo antes posible”, “sin prejuzgar las decisiones que al respecto tome un eventual y futuro proceso constituyente en función del resultado de la consulta”. También insta al gobierno, según cual sea el resultado, a elaborar una propuesta legislativa sobre la transición nacional y una propuesta de protocolo de actuación que “regule la relación de las partes durante el proceso de negociación” con el estado español. Esta resolución ha tenido los votos favorables de CiU, ERC y la CUP, mientras que ICV-EUiA se ha abstenido y el resto de grupos han votado en contra.
Reprobación a Jordi Pujol
Por otra parte, el pleno ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos menos CiU, que ha votado en contra, una resolución de ICV-EUiA, transaccionada en parte con ERC, que expresa la “reprobación” y “condena” por “actos delictivos reconocidos por el presidente Pujol”. El texto también insta al gobierno a personarse en las causas en que la Generalitat sea perjudicada, incluido el caso Pujol. También expresa la confianza que el gobierno andorrano colabore con la justicia, y considera “ilegítimo” que las partes personadas en el caso “utilicen el proceso soberanista en beneficio propio”.
En este sentido también se ha aprobado, en este caso por unanimidad, una resolución de la CUP, transaccionada con C’s, que insta al gobierno a “personarse como parte de la forma procesal más adecuada en los procesos judiciales abiertos por temas de corrupción política que afecten a cualquier trabajador público o cargo electo donde se hayan malversado fondos públicos, o de cualquier otro modo se hubiera producido una disminución de los ingresos o en el patrimonio de la Generalidad, o se haya aprovechado el cargo o la función para el enriquecimiento ilícito propio o de terceros instante siempre la restitución de todos los fondos públicos que, en su caso, hayan sido obtenidos de forma fraudulenta”.
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