Brasil: Ministro del Supremo Tribunal anula medida de censura contra la revista IstoÉ

El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luis Roberto Barroso, anuló la medida cautelar otorgada por una jueza en Fortaleza, quien a petición del gobernador de Ceará, Cid Gomes, suspendió la circulación de la edición de esta semana de la revista IstoÉ.
Con el fin de la censura impuesta por la magistrado de guardia, Maria Maciel Marleide Queiroz, Tribunal de Familia de la tercera capital de Ceará, la revista comienza a circular por el país, incluso en Ceará, y el artículo periodístico en su versión electrónica ya volvió a estar disponible en su portal, según ha informado IstoÉ.
El gobernador de Ceará decidió acudir a los tribunales para censurar IstoÉ porque su nombre es mencionado en un artículo de la revista sobre la negociación de los cargos al ex director de abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa. Gomes, así como decenas de políticos brasileños, fueron citados por el extenso testimonio de Costa que ha dado a los fiscales federales.
El artículo que dio lugar a que Cid Gomes pidiera la censura, está disponible en su totalidad en el sitio web de IstoÉ.
Rechazo de la SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó, a través de un comunicado, la medida judicial que censuró en Brasil a la revista IstoÉ, obligándola a retirar del mercado su publicación semanal, por registrar informaciones sobre un caso de corrupción en la administración pública.
La jueza Maria Marleide Maciel Queiroz, de Fortaleza, en el estado de Ceará, ordenó el 15 de septiembre a IstoÉ, una de las revistas más prestigiosas del país, a retirar su edición de esta semana, así como una nota de su portal de internet. La medida judicial responde a una demanda por calumnia, difamación y daño moral presentada por el gobernador del estado, Cid Gomes, quien se sintió ofendido por un reportaje en el que se le vincula a actividades corruptas en Petrobras, la empresa petrolera brasileña.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, condenó la “frecuencia con la que en Brasil los jueces protegen a los funcionarios públicos en desmedro de los medios de comunicación y, en especial, en contra de la garantía constitucional que permite a todo brasileño gozar de su derecho a recibir y divulgar información libremente”.