Envíos de paquetes con documentos falsificados
Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2013, tras recibirse la denuncia de una víctima de la organización, quien afirmó haber sido captada en su país de origen por miembros de la misma, para posteriormente ser traída ilegalmente hasta España, haciendo uso para ello de documentos de viaje falsificados.
Tras realizar las primeras pesquisas los agentes averiguaron que los responsables de elaborar los documentos falsificados residían en la ciudad de Badalona. Estas personas recibían y gestionaban todos los pedidos a través de correos electrónicos y una vez elaboradas las falsificaciones, las enviaban por medio de empresas de paquetería a distintos miembros de la organización ubicados en varias provincias españolas, principalmente en Valencia, Alicante y Murcia.
En este sentido se pudo comprobar cómo la organización remitía de forma frecuente diferentes paquetes a la ciudad murciana de Torre-Pacheco, que eran recogidos siempre por las mismas personas y en cuyo interior había tarjetas de residencia falsificadas que habilitaban a ciudadanos indios y pakistaníes, en situación irregular en España, para trabajar en labores agrícolas. Estos trabajadores estaban obligados a pagar a la organización no solo por el documento falsificado del que hacían uso, sino también por cada día que eran contratados para trabajar en el campo, aportando un alto porcentaje de su salario.
Matrimonios fraudulentos
También se pudo comprobar durante la investigación que la organización se dedicaba a concertar matrimonios falsos entre ciudadanos indios o pakistaníes con mujeres europeas de distintas nacionalidades, valiéndose para ello de diferentes documentos falsificados -certificados de soltería o partidas de nacimiento-, que eran presentados en los registros civiles donde contraían matrimonio, para posteriormente tramitar fraudulentamente autorizaciones de residencia de familiar de la Unión Europea. Los extranjeros debían pagar entre 10.000 y 12.000 euros y además hacerse cargo de los gastos generados por la falsa novia y por el resto de miembros de la organización que les acompañaban al país donde contraían matrimonio.
Los matrimonios siempre se celebraban en países de la Unión Europea distintos del de residencia o de la nacionalidad del contrayente europeo, para de esta forma evitar posteriormente cualquier tipo de nulidad matrimonial por parte de la autoridad judicial competente de cada país, al carecer de competencia sobre enlaces celebrados en otros países, que implicarían por tanto, la extinción de las autorizaciones de residencia obtenidas fraudulentamente.
Este tipo de actividad delictiva, era la que más beneficios proporcionaba a la organización por los reducidos gastos que conllevaba, los fuertes ingresos que generaba, y sobre todo por el alto volumen de “negocio” que llegaron a tener, habiendo concertado matrimonios entre indios y pakistaníes residentes en toda Europa.
Documentos falsos para entrar en Europa y EEUU
En lo referente al tráfico ilegal de personas, la red estaba especializada en dar salida a aquellas personas que se encontraban irregularmente en España y querían viajar a Estados Unidos. A cambio de 25.000 dólares les ofrecían todo lo necesario para intentar entrar de forma irregular, utilizando para ello distintas rutas y procedimientos. En la mayoría de los casos viajaban como falsos turistas a países de América Central, haciendo uso de documentación auténtica o falsificada -dependiendo de la situación de la persona traficada-, para posteriormente desde México entrar en Estados Unidos de forma clandestina.
Igualmente ofrecían la posibilidad de entrar en Europa, de forma aparentemente legal, mediante la tramitación fraudulenta de visados en misiones diplomáticas europeas de la India, generalmente alegando motivos de estudios o trabajo.
66 detenidos
Por la complejidad de las investigaciones, la operación policial tuvo que practicarse en dos fases distintas. La primera de ella, desarrollada durante los meses de abril y mayo del año en curso, se saldó con la detención de un total de 25 personas en la localidad murciana de Torre-Pacheco.
Tras esas primeras detenciones, y una vez se disponía de todos los medios probatorios necesarios, a mediados del mes de junio se procedió a la materialización de la segunda fase del operativo policial con la práctica de diecisiete registros en domicilios y establecimientos comerciales, situados en diferentes ciudades de las provincias de Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia. En esta ocasión se detuvo a 41 personas entre los que se encuentran los máximos responsables de la organización.
Entre los establecimientos comerciales registrados se encontraba una imprenta situada en Santa Coloma de Gramanet, propiedad de un ciudadano pakistaní con grandes conocimientos en informática, que era utilizada como tapadera de un laboratorio en el que la organización falsificaba todo tipo de documentos. En este lugar elaboraban desde falsos volantes de empadronamiento y certificados de nacimiento o soltería (que no presentan muchas dificultades para ser falsificados) hasta tarjetas de residencia o pasaportes falsos, en ambos casos dotados de numerosas medidas de seguridad.
Entre los efectos intervenidos en dicho laboratorio se han incautado más de mil documentos falsificados de todo tipo, una impresora de alta calidad, una máquina específica de pegado de láminas de documentos -utilizada para la confección de pasaportes y permisos de residencia- y gran cantidad de laminados de plástico especiales para la fabricación de documentos. También se intervinieron teléfonos móviles, tarjetas SIM, sellos de empresas y dinero en efectivo. Se estima que la organización ha podido obtener un beneficio de más de 300.000 euros.
La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Valencia, Barcelona, Alicante y Murcia, y el Grupo Operativo de Extranjería de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Denia. Además de la colaboración de Europol e Interpol y las autoridades de Dinamarca, Noruega, Alemania, Costa Rica, EEUU, Nueva Delhi y la India.
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