Quito, (Andes) – La Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador aprobó con 103 votos la Ley de Recursos Hídricos que otorga al estado la rectoría del recurso natural y evita su privatización.
“La Constitución manda la creación de la autoridad única del agua, manda a tener el agua como un recurso estratégico, manda que los recursos estratégicos sean regulados y controlados por el Estado justamente, entre otras cosas, para evitar la privatización”, dijo Miguel Carvajal, asambleísta del bloque oficialista de Alianza PAIS.
El legislador reconoció el aporte de todos los sectores y tratamiento con altura de las diferencias en el trámite de la Ley, cuyo debate se suspendió en 2010. La Ley aprobada este martes reemplaza a un cuerpo legal vigente desde 1972.
La nueva Ley establece que los gobiernos provinciales y municipales que tienen la competencia del agua de riego y de consumo, respectivamente, deben incorporar en sus tarifas un componente en función de la conservación del líquido.
Otros beneficios de la ley es que se respeta el orden de prelación agua para consumo humano: garantiza agua de riego para la producción destinada al consumo interno (soberanía alimentaria), permite combatir el acaparamiento, destacó el legislador Carvajal, presidente de la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria.
El asambleísta catalogó a la ley como democrática, moderna y que permite que el recurso sea de beneficio de los ecuatorianos.
En los últimos 30 años la autoridad del agua ha estado dispersa en numerosos organismos regionales de desarrollo. El gobierno actual dispuso, a partir de la Constitución aprobada en 2008 la creación de la Secretaría del Agua (Senagua) como autoridad única.
Previo a la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, la Legislatura llevó adelante una consulta prelegislativa a sujetos titulares de derechos colectivos: comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y aforecuatorianos, sobre cinco temas: tradiciones ancestrales, lugares rituales y sagrados; gestión y manejo ancestral; uso, usufructo y administración, derecho propio o consuetudinario, y participación y representación en organismos oficiales.
En este proceso se realizaron 22 audiencias provinciales, del 26 de marzo al 15 de abril de 2014 (participaron 543 organizaciones), y una mesa de diálogo nacional, el 9 de mayo.
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