En las conclusiones presentadas este viernes en Ginebra tras la primera revisión al Vaticano como Estado parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, el Comité señaló que el argumento de la Santa Sede de que no tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos por sus ministros en terceros países no es consecuente con el instrumento internacional.
El Comité recordó que la Convención estipula que “todos los funcionarios públicos o personas que actúen en una capacidad oficial” deben cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado Vaticano en virtud de ese tratado.
En este contexto, el Comité señaló que el Vaticano debe tomar medidas para controlar y evitar que su personal cometa o consienta más actos de tortura.
Asimismo, indicó que la Santa Sede debe detener esas conductas y sancionar a quienes violen los principios de la Convención e instó a ese Estado a investigar las denuncias y a suspender inmediatamente de sus labores a los presuntos responsables de atropellos para evitar continúen los abusos o intimiden a las víctimas.
Agregó que cuando se encuentre responsable a algún ministro se le debe sancionar adecuadamente, incluyendo la expulsión del servicio clerical.
Además, el Vaticano deberá notificar a las autoridades civiles del lugar donde se hayan cometido los presuntos delitos para que éstas investiguen y procesen a los perpetradores cuando sea el caso.
Finalmente, el Comité pidió una reparación para las víctimas, independientemente de que el responsable haya sido o no juzgado.
La ONU tiene una organización que permitía la pedofilia
En 1993 la Asociación Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés) ingresó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) con carácter consultivo, pero esta asociación avaló durante cerca de 10 años una política a favor de la pedofilia, acogiendo a grupos como Martijn y la Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Niños (NAMBLA).
La relación de ILGA con la promoción de la pedofilia se cortó en 1994, 16 años después de su fundación, luego de que, para poder ingresar en 1993 a la Organización de Naciones Unidas (ONU) con carácter consultivo, el organismo internacional fue presionado por Estados Unidos para que no admita asociaciones que avalen “el abuso sexual de niños”.
Ese año, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que amenazaba con recortar 119 millones de dólares en ayudas a las Naciones Unidas mientras esta no garantice que no provee “ningún estatus oficial, acreditación o reconocimiento a ninguna organización que promueva, condone o busque la legalización de la pedofilia, esto es, el abuso sexual de niños”.
Por ello, en 1994, la ILGA por motivos de interés político, para no quedar fuera de la ONU, expulsó a Martijn, NAMBLA y Project Truth, tres organizaciones que promueven la aceptación legal de la pedofilia.
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