Quito, (Andes) – Un total de 1.600 jueces a nivel nacional entrarán en un proceso de evaluación de su productividad en la resolución de causas, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia, anunció este lunes el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
Este proceso de evaluación será extendido a otros servidores judiciales como secretarios de juzgados, amanuences y fiscales. Sin embargo, iniciará con los magistrados que entraron en funciones hasta el 31 de marzo de este año. Los resultados serán obtenidos en base a una valoración cuantitativa de la efectividad del trabajo que realizan en la resolución de causas.
Un equipo técnico será el encargado de hacer la evaluación en base a la efectividad de los funcionarios y para ello, analizarán las sentencias y los despachos entre el 01 de octubre del año pasado y el 01 de octubre de 2014.
El ámbito de aplicación de la iniciativa aprobada la semana pasada abarcará a jueces de primer nivel, de tribunales distritales y de cortes provinciales de todo el país andino y los resultados serán valorados para la carrera de los judiciales, además para la obtención de ascensos, bonos y otros beneficios.
“Hay jueces que están en niveles satisfactorios y otros que no alcanzan esos desempeños en contextos similares. En la misma unidad en la misma materia hay jueces que despechan más del 85% de sus ingresos con los cual se encuentran en tasas internacionales de resolución satisfactoria y en esas mismas unidades, en la misma materia y con cargas procesales muy similares, tienen una productividad que no es aceptable”, dijo Jalkh.
Quienes obtengan una nota de deficiente (menor al 60%) volverán a ser evaluados en un periodo de tres meses y quienes no logren mejorar su rendimiento serán removidos. “No es una sanción, es una separación y los jueces que tienen la nota de deficiente podrán entrar en un nuevo concurso de méritos y oposición”, puntualizó Tomás Alvear, director de la Escuela de la Función Judicial.
Los jueces que no hayan obtenidas las notas requeridas para continuar en sus cargos y consideren que han sido afectados podrán pedir una reconsideración de la nota que será evaluada por un tribunal especializado.
“La idea no es sancionar a nadie ni remover a nadie, sino que las personas conozcan estos parámetros de evaluación”, manifestó Jalkh y subrayó que los jueces tienen aún hasta octubre para mejorar sus resultados.
El sistema judicial ecuatoriano entró en un proceso de reforma judicial tras el referéndum aprobado en mayo del 2011.
Construcción y remodelación de infraestructura, elecciones de jueces a través de concursos de méritos y oposición, implementación de tecnología de punta e impulso del talento humano, fueron varios de los puntos contemplados en el proceso de reestructura.
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